Admiten amparo de García Luna contra una orden de aprehensión

La demanda de amparo que interpuso Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (SSP), contra la orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, fue admitida por una juez federal.

La titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, no concedió la suspensión provisional a García Luna, preso en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, ya que no la solicitó en su demanda de garantías.

“Se admite la demanda de amparo. No ha lugar a ordenar la tramitación del incidente de suspensión, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que éste no fue expresamente solicitado”, determinó la resolución del expediente 78/2021.

En noviembre del año pasado, un juez del Estado de México giró una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, por el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de 27 millones de pesos que presuntamente se utilizaron para comprar bienes inmuebles en México.

García Luna fue detenido en diciembre de 2019, en Texas, por agentes federales estadounidenses, acusado de recibir "multimillonarios sobornos" del Cártel de Sinaloa, entre 2006 y 2012.

De acuerdo con la acusación del gobierno de Estados Unidos, durante el tiempo que protegió al Cártel de Sinaloa, García Luna habría participado para enviar y distribuir cocaína a Estados Unidos, abusando de su cargo y a cambio de sobornos multimillonarios.

En total, son cinco cargos procesados en la Corte del Distrito Este de Nueva York, incluido el delito de empresa criminal continua, cuya pena máxima es cadena perpetua. La misma que fue impuesta a Joaquín Guzmán Loera.

Fiscales estadounidenses emitieron una carta al juez de Distrito de los Estados Unidos, Brian M. Cogan, solicitando que se aplazara la entrega de pruebas puesto que esto podría significar problemas de seguridad tanto para ellos como para sus familias.

La juez que no concedió la suspensión provisional fijó como fecha para la audiencia el 29 de marzo y dio un plazo de 15 días para que las autoridades rindan su informe justificado.

Con información de El Universal