Ni las autoridades civiles ni las autoridades militares actuaron con apego al Estado de derecho en el caso del General Salvador Cienfuegos quien fue exonerado sin un proceso de investigación, sin comisiones de la verdad y con el consentimiento y encubrimiento del Ejecutivo federal y de integrantes de una élite castrense, entre ellos el actual jefe de las Fuerzas Armadas, el General Luis Cresencio Sandoval González.

Así lo afirma el General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez, para quien el caso demuestra que el poder civil no tiene cómo controlar al poder militar.

La jurisdicción civil –a través de la FGR– debió utilizar como base las acusaciones de la DEA para iniciar una investigación propia y entonces lindar o deslindar responsabilidades. En cambio –dijo– hubo una decisión unilateral y exprés desde la presidencia de la República para dejarlo ir en libertad, sin aparentes consecuencias para Cienfuegos, pero con evidentes secuelas en materia de credibilidad institucional relacionada con la impartición de justicia en México, asevera Gallardo.

El presidente, el mayor responsable

Según Gallardo Rodríguez, los altos mandos militares tampoco están exentos de responsabilidades en el caso Cienfuegos pero la responsabilidad recae, en mayor medida, en el presidente López Obrador porque  es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

“Yo no creo que el Secretario de la Defensa Nacional -Luis Cresencio Sandoval González- no le haya pedido su autorización -al presidente- para liberar a Cienfuegos. Tampoco creo que haya tenido el valor civil para haberle dicho que no se puede –liberarrlo- porque va en contra del Fuero de Guerra”, dijo Gallardo en entrevista con el portal Sin embargo, reproducida por el sitio Los Periodistas

Derechos humanos e implicaciones militares

El General Gallardo considera que en materia de derechos humanos refirió que las probables violaciones del General Salvador Cienfuegos a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tienen implicaciones de índole militar.

“El Código de Justicia Militar previene en los artículos 275 Bis y Ter que cualquier individuo militar que se coluda con el narcotráfico o se sume a las filas del narcotráfico será sancionado con 15 a 60 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas. Eso le aplica a Cienfuegos, pero tiene varios supuestos, y uno de ellos también dice que cualquier militar que permita la fuga o libere a cualquier delincuente del crimen organizado igualmente le aplica la sanción que dije. Lo digo por lo de Ovidio -Guzmán Loera- a quien liberaron por una orden presidencial. Aquí el asunto es que también le cae esta responsabilidad a Andrés Manuel”, recordó Gallardo.

“Este tema pone sobre la mesa de discusión muchas cosas. Una de ellas es que desde que los militares empezaron a participar en la lucha contra el narcotráfico todo mundo –académicos, políticos, periodistas, investigadores, etcétera– dijimos que había riesgo de infiltración del crimen organizado y del narcotráfico en las cúpulas del Ejército. De 2007 a la fecha […] eso se está viendo y se está confirmando esa hipótesis que muchos teníamos. Incluso yo siempre he dicho que el Ejército está infiltrado por el narcotráfico. Está corrompido el Estado y el Ejército y la Marina y la Policía. Aquí el tema es que esas reglas no escritas no tienen que ver nada con el Estado de derecho; no tienen que ver nada con el sistema de justicia.

Lo que sucede es lo siguiente: si hubiera un control civil-democrático, no hubiera estos problemas. El control civil-democrático tiene que ver con los controles institucionales del Ejecutivo sobre la rama militar, así como con los controles del Legislativo sobre los controles del Ejecutivo sobre la rama militar. Aquí también entra la intervención de la Suprema Corte de Justicia para definir los temas de Justicia Militar, asevera Gallardo, también activista de los derechos humanos.

Una cofradía en el Ejército

El General en retiro asevera que hay una cofradía dentro del Ejército. La cofradía del Ejército que hace su aparición después de la masacre del 68 toma una gran relevancia porque el Ejército antes estaba a cargo de los militares revolucionarios. A partir de allí empiezan a egresar los de la Escuela de Guerra que se conocen como Diplomados de Estado Mayor. Entonces este grupo que es muy pequeño, no pasan de mil gentes en todo el Ejército, son los que manejan toda la información del Ejército. Manipulan, tienen los mejores cargos, los mejores premios, los mejores sueldos, etcétera. Es una élite que está corrompida por el crimen organizado.