El gobernador Miguel Barbosa Huerta busca que en Puebla se castigue hasta con 6 años de cárcel y multa de hasta 17 mil 376 pesos a los servidores públicos que extorsionen transportistas de productos del campo.

Las penas también se aplicarían exclusivamente cuando las víctimas transporten productos agropecuarios o de primera necesidad.

Con una reforma pretende que estas prácticas sean consideradas como delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal.

Para ello envió al Congreso local una iniciativa que prevé modificar el artículo 419 del Código Penal del estado.

En dicho artículo se enlistan actualmente 20 acciones u omisiones que constituyen abuso de autoridad.

La propuesta del mandatario es agregar una fracción XXI que señale que también cometería abuso de autoridad: 

“El servidor público que detenga y sancione u obtenga algún beneficio de los transportistas y conductores de vehículos que trasladen productos del campo, agropecuarios, así como los de primera necesidad”.

De esta manera se aplicaría las penas actualmente previstas en el artículo 420 del Código Penal, que dice:

“El delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años y multa de veinte a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito”.

Atribuye vehículos “pasados de moda”

Barbosa Huerta no explicó en su iniciativa por qué busca que las sanciones se apliquen únicamente cuando los afectados transporten productos del campo. 

Sin embargo, asumió que este sector suele ser extorsionado por usar vehículos “pasados de moda” debido a sus bajos recursos económicos.

En los considerandos de su reforma expuso: 

“Que la base de la democracia no solo es el cumplimiento de la ley, para este gobierno es el logro de mejores condiciones para todos, no somos ajenos a ver en las carreteras autotransportes pasados de moda, siendo multados por nuestras autoridades. Que no debemos establecer más cargas a los pobres, debemos ser justos con nuestros actos, porque progreso sin justicia, es retroceso. No podemos seguir desplazando a los pobres de la agenda del gobierno”.

Su iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posterior aprobación.

Apenas la semana pasada Barbosa Huerta emitió un decreto con el cual prohibió a los agentes de Vialidad estatal detener a los transportistas de productos del campo.

Su decreto consistió en modificar el artículo 18 del reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública, para establecer que los agentes no podrán “detener y sancionar a los vehículos que transporten productos del campo, agropecuarios, así como de primera necesidad”

“El servidor público que no acate la disposición anterior, será suspendido, investigado y dado de baja por atentar contra las colectividades históricamente excluidas por la situación de pobreza”, sentenciaba el acuerdo.