En el Congreso de Puebla buscan facultar a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) para vigilar a través de cámaras al Ministerio Público y así evitar abusos.

También se planteó que los adultos mayores tengan descuentos en el pago de impuestos y derechos, así como cancelar las sanciones por abandono de personas mientras se cumpla con la pensión alimenticia.

Para la videovigilancia, la diputada Tonantzin Fernández Diaz (de Morena) pretende reformar la Ley de la CDH en su artículo 13, para otorgar al organismo la obligación de: 

“Revisar y monitorear permanentemente, a través de cámaras de video el actuar del Ministerio Público para garantizar que no se vulneren ni se violen, sino más bien se garanticen y protejan los Derechos Humanos de las y los ciudadanos”.

De acuerdo con su iniciativa la instalación de las cámaras se realizaría con coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Para esto contempla modificar la Ley Orgánica de la FGE, a fin de agregar un artículo 20 Bis que la obligue a:

“Implementar estrategias para el combate a la corrupción y a las violaciones de derechos humanos con la autorización e instrucción de instalación de cámaras de video en las oficinas de Ministerio Púbico del Estado de Puebla, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues será la encargada de fungir como observadora permanente de la labor de los Ministerios Públicos”.      

Descuentos a adultos mayores 

El diputado Nibardo Hernández Sánchez (del PRI) a su vez propuso conceder a los adultos mayores descuentos en los pagos de impuestos y derechos municipales y estatales. 

Con una iniciativa busca reformar el artículo 4 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores, para que su fracción X reconozca como un derecho de este sector:

“Ser sujetos de descuentos en determinados servicios públicos, pagos de derechos, establecimientos comerciales, centros hospitalarios y otros servicios técnicos y profesionales”.

Librar sanciones por abandono

Por su parte Nancy Jiménez Morales (del PAN) planteó cancelar los juicios y sanciones por abandono de personas siempre y cuando se cumpla con la manutención.

Su intención es que el artículo 348 del Código Penal del estado ahora diga: 

“El delito de abandono de personas se perseguirá a petición de la o el ofendido salvo que se trate de menores o incapaces sin representación, en cuyo caso el Ministerio Público actuará de oficio. Se sobreseerá la acción penal, cuando la o el procesado cubra las pensiones alimenticias que deba, de acuerdo a lo que haya sido decretado por una o un Juez Familiar o Civil y otorgue una garantía suficiente a juicio de la o el Juez, para la subsistencia de la o las personas abandonadas”.

Las iniciativas de los legisladores fueron enviadas a comisiones para su análisis y eventual aprobación.