Resulta grave y preocupante que ante las circunstancias que viven millones de niñas y mujeres en nuestro país, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) retire el subsidio federal asignado para la Alerta de Violencia de Género (AVGM), a los estados de Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Puebla y Estado de México, con lo cual estas entidades se quedarán sin recursos para operar los planes y acciones comprometidas para erradicar dicho fenómeno.

Así, lo informaron las diputadas federales, Laura Rojas Hernández (PAN), Verónica Juárez Piña (PRD), Lorena Villavicencio Ayala (Morena), y Martha Tagle (MC), quienes señalaron que el recorte fue hecho por el Comité de Evaluación encargado de los subsidios federales para las AVGM en estados y municipios, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), luego de que la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEGOB ajustó la partida 43801 relativa a “Subsidios a entidades federativas y municipios”, para los siete estados citados.

Refirieron que esta información consta en el oficio de fecha 29 de junio de 2020, suscrito por la ex Comisionada María Candelaria Ochoa Ávalos, enviado al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Mediante un documento, la legisladoras explicaron que el ajuste se ampara bajo el argumento de que la ley establece que “el otorgamiento del subsidio quedará, en todos los casos, sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la CONAVIM para el ejercicio fiscal 2020” y que, “La transferencia del Subsidio que el Comité asigne a las entidades federativas está sujeta a la disponibilidad de recursos en términos de lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal 2020, por lo que la CONAVIM no será responsable por el retraso en la transferencia o la cancelación del monto aprobado, derivado de disposiciones administrativas presupuestarias ajenas a Gobernación”.

Reconocieron la necesidad de utilizar recursos para atender los efectos derivados de la emergencia sanitaria, sobre todo en el ramo económico y de salud, sin embargo, consideraron que “en cuanto a la atención de la violencia contra las mujeres, esa política pública debe replantearse, ya que se deja en estado de indefensión a miles de mujeres que se encuentran en entidades donde la violencia de género se ha “normalizado”.

Es por ello, que hicieron un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno (SHCP) para que en apego a las disposiciones aplicables en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no reduzcan los recursos del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, y sean considerados como programas prioritarios durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Dejaron en claro, que esto no quiere decir que las referidas entidades ya no estén obligadas a operar las Alertas, pues cada gobierno a nivel estatal y municipal debe destinar parte de su presupuesto para implementar estos mecanismos, empero, eliminar los citados subsidios tendrá un impacto en la capacidad para atender y disminuir la violencia de género; miles de vidas están en riesgo.

En 5 años los presuntos delitos de feminicidio y presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso se han incrementado un 77.3%, sumando de enero mayo de 2020,1608 casos