Académicos de la BUAP hicieron llegar su preocupación al presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a las acciones emprendidas por el gobierno del Estado en contra del rector Alfonso Esparza Ortíz y pidieron que se respete el debido proceso en los litigios emprendidos en su contra.

A través de un texto firmado por 740 docentes, investigadores, académicos y personal administrativo, los integrantes de la comunidad universitaria declararon que las expresiones con las que se cuestiona a la figura del rector Esparza Ortíz, son emitidas por personas ajenas a las tareas judiciales del estado, pues entre las atribuciones de quienes emiten declaraciones que buscan fincar responsabilidades  "no se encuentran precisamente las de actuar como fiscales, ministerios públicos o jueces".

El pronunciamiento, también dirigido a la Opinión Pública,  habría sido entregado al personal que colabora con el presidente López Obrador en su visita del pasado miércoles en el estado.

"Las declaraciones hechas por funcionarios del poder ejecutivo o del Congreso estatal ponen en entredicho las garantías de debido proceso y de presunción de inocencia a que todo ciudadano tiene derecho mientras no se declare su responsabilidad en los supuestos hechos con los que se le pretende vincular y que dichos hechos, de conformidad con la normatividad aplicable, sean confirmados como constitutivos de delito a través de sentencia emitida por el juez de la causa", expresa el texto.

Al tiempo de expresar su preocupación por el debido proceso contra el rector de la BUAP, los universitarios externaron su solidaridad con el amparo promovido por Esparza Ortíz, en un ambiente en el que consideran que las autoridades han denotado prejuicio y parcialidad.

"Por estas razones conminamos a las autoridades competentes a actuar con apego a la Ley, a fincar responsabilidades a quienes dolosamente filtran expedientes de actuaciones administrativas y/o judiciales que lo único que hacen es provocar daño moral a las personas mencionadas, y de manera colateral menoscaban la integridad de las instituciones a las que pertenecen, sin que ello signifique que la actuación administrativa y/o judicial haya demostrado algo por la vía pertinente", concluye el pronunciamiento.

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