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Gobierno
Ley cancela revisión de negocios para que cumplan ‘de buena fe’
La única condición para librar las inspecciones sería cumplir con el pago de licencias e impuestos
Foto / Agencia Enfoque
En el Congreso de Puebla se planteó una ley que cancelaría las inspecciones a negocios, con la condición de que cumplan con el pago de licencias e impuestos solo "por buena fe".
La intención es que los departamentos de Normatividad de los municipios ya no practiquen revisiones, debido a las constantes quejas y denuncias en su contra por corrupción y extorsión.
La norma lleva por nombre Ley de Fortalecimiento Social de la Actividad Mercantil y busca crear un padrón, para que los negocios inscritos queden exentos de cualquier revisión, siempre y cuando se comprometan a cumplir con la renovación de sus permisos, el pago de impuestos y derechos, así como de sus servicios.
La iniciativa plantea que la inscripción al padrón sea gratuita y en automático proceda la exención de revisiones, pero los negocios deberán estar completamente en regla al registrarse.
De acuerdo con el artículo 16 de la iniciativa, la Secretaría de Economía del estado sería la encargada de emitir un folio y una cédula de registro, además otorgaría una calcomanía que se colocaría afuera de los negocios, como distintivo de que han quedado exentos de inspecciones.
Solo habría inspecciones de Salud y PC
El artículo 15 de la ley propuesta precisa que no se cancelarían las inspecciones de Protección Civil ni sanitarias, sin embargo, estas no están facultadas para imponer multas o clausuras.
En el artículo 25 se plantea un programa de verificación voluntaria, en el que los propios negocios podrían solicitar revisiones para que el personal del gobierno les informe si están en regla o les falta cubrir con algún trámite.
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El beneficio de estas inspecciones es que serían preventivas y en ellas no se impondría ninguna sanción a los locatarios.
Perderán beneficios si abusan
Por otro lado, si los negocios abusan de los beneficios y no cumplen con sus obligaciones, el artículo 23 advierte que les sería cancelada la cédula y no podrán volver a ser parte de los beneficiarios sino hasta después de cinco años.
Esto además de las sanciones o multas que correspondan por la falta de algún permiso, el pago de impuestos o servicios.
La nueva ley es promovida por el diputado del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo y se encuentra en análisis de la Comisión de Desarrollo Económico, que él mismo encabeza.