Alfonso Durazo, secretario Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que sellarán las fronteras, las zonas marítimas y el espacio aéreo, para que no pasen armas a México.

Indicó que jueves 17 de octubre se observó que los civiles exhibieron en Culiacán una gran capacidad de fuego y que hay unas que fueron fabricadas para uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos.

“¿Cómo aparecen en manos de criminales en nuestro país?”.

“Vamos a sellar puertos marítimos y aéreos para clausurar toda posibilidad de introducción de armas de contrabando al territorio nacional, a través de equipos tecnológicos no intrusivos”.

Alfonso Durazo afirmó que el jueves 17 de octubre agentes de la DEA no participaron en el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Descartó que durante el operativo se haya capturado a Iván Archivaldo Guzmán, alias El Chapito, como informó el diario norteamericano The New York Times.

Indicó que fue Iván Archivaldo Guzmán el que convocó a los civiles que atacaron a la patrulla de las fuerzas armadas que iba por Ovidio Guzmán López.

“Él estuvo fuera y de hecho fue uno de los promotores de la movilización de diversos integrantes de la organización criminal en Culiacán”.

Alfonso Durazo descartó que lo puedan someter a juicio político, porque la mayoría de legisladores rechazará la solicitud.

El miércoles 23 de octubre, la organización Futuro 21 pidió llevar a juicio político a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, por el operativo en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Durante el operativo murieron 8 personas y otras 16 resultaron lesionadas.

Antonio Vázquez, abogado de Futuro 21, afirmó que Alfonso Durazo puso en riesgo las instituciones democráticas cuando desplegó un operativo improvisado y que es posible que también sea responsables de delitos penales porque propició la evasión de un detenido.

Jesús Zambrano, integrante del PRD afirmó que sí es posibles llevar a juicio político a Alfonso Durazo porque puso en peligro la estabilidad nacional.

Los integrantes de Futuro 21 aseguraron que la obligación del gobierno es proporcionar seguridad a los ciudadanos y capturar a los delincuentes.

Entre quienes firman la solicitud de juicio político aparecen los nombres de Jesús Ortega y Verónica Juárez Piña, coordinadora de diputados perredistas.

Foto: Twitter @AlfonsoDurazo