Pendiente de aclarar, gasto total del segundo piso de la autopista

A casi dos años y medio de la inauguración del segundo piso de la autopista México-Puebla, aún está pendiente de aclararse el destino de 2.4 millones de pesos que el gobierno federal invirtió en la obra.

Así lo refleja el reporte más reciente de la revisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo sobre la realización del proyecto, y del que en total cuestionó la aplicación de recursos públicos por 1 mil 670 millones de pesos.

La construcción del viaducto tuvo un costo de 13 mil millones de pesos, de los que cinco mil millones fueron aplicados por la administración federal y por el gobierno del estado, mientras que el resto fue aportado por las empresas Pinfra y OHL de México que recientemente vendió sus activos a la firma FM Global Infrastructure Found.

Esta semana, la calificadora internacional Fitch Ratings dio a conocer que el tráfico de vehículos ligeros en el segundo piso, cayó hasta 19 por ciento durante 2018 si se compara con 2017, lo que cambió la perspectiva crediticia de la obra, de positiva a negativa.

No aclaran todo el gasto

De acuerdo con el Sistema de Público de Consultas de la ASF, en la revisión a las cuentas públicas de 2015 y 2016, el máximo órgano fiscalizador del país cuestionó la aplicación de 1 mil 670 millones de pesos, cantidad de la que aún no se aclaran 2.4 millones.

De la suma total, ya fue aclarado el gasto de 1 mil 246.4 millones de pesos y otra cantidad por 421.3 millones fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Cuando la ASF emitió el informe de la auditoría 14-A-21000-04-0387 GF-1196, como parte de la fiscalización a la cuenta pública federal de 2016, refirió que detectó en la obra falta de autorización para el pago de anticipos a la concesionaria, la entrega del proyecto dos meses después de lo establecido y trabajos de mala calidad en trabes construidas por OHL.

La Auditoría resaltó que el gobierno del estado otorgó a la empresa OHL “un mes de libre disposición de los ingresos obtenidos por flujo vehicular” bajo el concepto de “incentivos”.

“Se concluye que, en términos generales, el gobierno del estado de Puebla y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, se indicó en el reporte.

En otro punto de su reporte, la ASF indicó que la ejecución del proyecto inició sin que el gobierno del estado contará con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría del Medioambiente y Recursos Naturales.

Foto: Especial