Nadie acuerda que le asesinen a una hija, dice Simitrio

La liberación de cinco presos de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, tras demostrarse su inocencia y hay los avances en el tema de procesados, no significa que haya acuerdos con el gobierno, dijo

Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, líder de la 28 de Octubre.

"Si hubiera habido acuerdo, nadie acuerda que le asesinan a su hija; nadie acuerda a que les priven de la libertad tres años. Además les hubiéramos ahorrado tanto trabajo a los abogados. No, no hay tal acuerdo, subrayó.

"La cuestión es que obligamos al gobierno a resolver sobre la base de la firme movilización de las bases de la organización, el enorme apoyo nacional que logramos. Tan sólo en octubre vinieron más de mil delegados de 17 estados del país representando 60 organizaciones", dijo en rueda de prensa.

Las presiones, agregó, vinieron también del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que emitió recomendaciones sobre lo acontecido con la UPVA.

El abogado de la organización, Samuel Porras Rugerio, destacó que los apresamientos fueron muestra del actuar del grupo ligado al ex gobernador Rafael Moreno Valle en el que se empleó la fuerza del Estado para reprimir protestas sociales que atentaban contra la inversión privada.

La vocera del Comité para la Liberación de los Presos Políticos y Contra la Represión en Puebla, Carolina González Barranco lamentó que las liberaciones ocurrieran en un contexto electoral y advirtió que con la Ley de Seguridad Interior habrá más represión como la de estos casos.

Temen por seguridad de Simitrio

Ahora que se concretaron las liberaciones de Simitrio, sus hijos Atltonatiuh y Xihuel, así como los activistas Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas, el temor está relacionado con la seguridad del dirigente.

Simitrio relató que la tarde noche del martes se presentó en las oficinas de la organización del Mercado Hidalgo un hombre que se identificó como miembro de Antorcha Campesina y quiso vincular a Sarabia Sánchez y a la 28 con el tema del asesinato del edil de Huitzilan Serdán, Manuel Hernández Pasión.

El dirigente detalló que por un lado la organización no tiene nada que ver ni con los antorchistas ni con Huitzilan de Serdán y por otro están los antecedentes de amenazas de muerte que pesan en su contra.

Estas se han registrado desde 2001 en que fue liberado de un penal federal y la más reciente se registró con un mensaje anónimo que se dejó en la oficina de la UPVA, donde asesinaron a su hija el 29 de junio pasado.

"Sobre mí pesa la amenaza de muerte dado que el día que fue asesinada mi hija Meztli Omixóchitl. Allí mismo, en el lugar de los hechos dejaron un anónimo diciendo que el siguiente soy yo y en ese sentido es una amenaza que se suma a las muchas otras", explicó.

Para el dirigente el factor tiempo no tiene medida en el asesinato de activistas sociales en México, pues hay casos como los registrados en el estado de Guerrero, en que las amenazas se cumplieron hasta una década después de ser lanzadas.

El activista reiteró que del gobierno esperan que cumpla con la protección adecuada ante las amenazas registradas.

Esperan resolución sobre el transporte

Además del tema de la seguridad otro tema pendiente entre la relación de la UPVA y el gobierno del estado es lo relacionadocon los cambios en el transporte público en la zona del Mercado Hidalgo, a beneficio del paso de Tren Turístico Puebla - Cholula y ante el cual los comerciantes hicieron una contrapropuesta.

Al respecto se denunció en la rueda de prensa que las autoridades han brindado información a cuentagotas y que les han planteado que habrá una determinación definitiva sobre la movilidad hasta agosto o septiembre, cuando entre en funciones la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Por lo pronto operan trayectos piloto propuestos por la UPVA que benefician a por lo menos tres colonias que rodean al mercado, pues el proyecto original desviaba el transporte hasta 15 cuadras de la zona comercial.

"Con esto estamos demostrando que no estamos cerrados, estamos dispuestos al diálogo, a la negociación y queda del lado del gobierno su responsabilidad de contestar las preguntas, responder a las peticiones que están haciendo nuestros compañeros de la comisión negociadora", comentó Simitrio.

La UPVA sostiene que alejar las rutas de transporte público para beneficiar el paso del tren, afecta tanto los tres mil empleos directos del mercado como los indirectos, las fuentes de trabajo de supermercados y comercios establecidos de la zona y también las actividades de dos centros de salud.

En tanto que la administración estatal no resuelve el tema, en la UPVA tienen previstas movilizaciones en torno a este y otros temas; continúan con la recolección de firmas y también realizan un estudio por su cuenta para describir el transporte que pasa por la zona a fin de compararlo con la oferta de unidades que propondrá y pondrá el marcha el gobierno con RUTA 3.