Empresa de la CDMX ya opera la línea 1 del Metrobús en Puebla

La empresa Corredor Insurgentes S.A. (CISA), que en la Ciudad de México opera el sistema Metrobús, ya absorbió la operación de la línea 1 de la Red Urbana de Transporte Articulado de Puebla (RUTA) que va de Chachapa a Tlaxcalancingo.

La operación se concretó aproximadamente hace un año, en la recta final de la administración de Rafael Moreno Valle.

Inicialmente el derrotero fue administrado por los concesionarios cuyas rutas del transporte público desaparecieron para dar paso al nuevo sistema de transporte público, pero en 2014 fueron desconocidos por la administración estatal, tras una serie de acusaciones mutuas de malos manejos en la recaudación de ingresos.

Ante ello, los afectados iniciaron un proceso legal para que nuevamente sean reconocidos, el cual aún continúa, según refirieron.

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CISA ya administra la línea 1

Al presentar los pormenores de la puesta en marcha de la línea 3 de RUTA, el subsecretario de Transportes y Movilidad, Alberto Vivas Arroyo, comentó este miércoles que CISA también se ha interesado en administrar también este derrotero.

Consideró que se trata de una buena opción, toda vez que la firma cuenta con una amplia experiencia en la administración del Metrobús de la capital del país, no obstante, recordó que la elección de la empresa se efectuará mediante una licitación para ubicar a la que mejores condiciones ofrezca.

Dijo que desde hace un año, aproximadamente, CISA se encarga de la operación de la línea 1, la cual aún es supervisada por Carreteras de Cuota Puebla (CCP).

Fue en agosto de 2016 cuando e-consulta dio a conocer que la firma sostuvo pláticas con el gobierno de Puebla para administrar la línea 1 del Metrobús, y que incluso ya había iniciado la contratación de personal para tal fin, sin embargo la administración estatal nunca confirmó el ingreso de la empresa capitalina.

Fue a principios de 2014, únicamente un año después de que RUTA inició operaciones, cuando 110 socios de la operadora de la línea 1 acusaron que no les entregaban las ganancias acordadas por la operación del derrotero. En ese entonces, la deuda acusada fue superior a los 11 millones de pesos, aunque la cantidad creció posteriormente.

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