Exigen esclarecer crimen del activista Fermín Mariano, ocurrido en 2009

La herida por el asesinato del luchador social Fermín Mariano Matías sigue abierta, aseguraron familiares y organizaciones que continúan en la exigencia de justicia de lo que sostienen, fue una ejecución de estado.A ocho años del crimen, el expediente en Procuraduría General de Tlaxcala y en la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue en el estatus con el que se abrió y sin ningún avance, dijeron.

En rueda de prensa Minerva Mariano Matías, hermana de Fermín, y miembros del Frente de Lucha por el Socialismo (FNLS) y de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RedDH) reiteraron la implicación del estado en el crimen y en la violación de los derechos fundamentales en estos ocho años de “camino para la búsqueda de justicia”.

“A la fecha, además de la ejecución de este crimen, el ocultamiento de la información sobre el paradero de Fermín, siguen las violaciones a los derechos humanos: el derecho a la verdad y la justicia en crímenes cometidos en contra opositores”, denunciaron.

El 24 de junio del 2009, el poblano de 32 años, Fermín Mariano Matías, luchador social, defensor de derechos humanos, deportista e investigador académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue ejecutado y hasta un mes después, el 28 de julio de 2009 la familia tuvo noticias oficiales, luego de mítines, protestas y manifestaciones diarios exigiendo su presentación con vida.

Según los informes periciales de la PGJ del estado de Tlaxcala, desde el 26 de junio por la tarde se había realizado el levantamiento de cadáver en el paraje conocido como la Macabrona, perteneciente al municipio de San Juan Totolac; su cuerpo presentaba seis disparos de dos armas de fuego distintas, calibre 9 mm y .380ACP.

Según la dependencia de Tlaxcala, el cuerpo sin identificar permaneció en la morgue hasta el 20 de julio y posteriormente fue sepultado en la fosa común hasta el 28 de julio cuando se realizaron los trabajos de exhumación para ser entregado a sus familiares.

“Han pasado ocho años, seis comandantes dirigiendo las investigaciones en la procuraduría de Tlaxcala que aseguran no han avanzado por no contar con la tecnología necesaria para el esclarecimiento del caso; en Puebla, las autoridades se han deslindado argumentando que allí se encontró el cuerpo. Ambas dependencias se echan la bolita. Todo sigue igual que cuando empezamos”, dijo Minerva.

Acusó que aunque Fermín Mariano nació residió y el desarrollo su actividad y participación política en Puebla y en donde se presume ocurrió el crimen, la FGE ha ignorado la petición de la familia para que, si no atrae el caso, al menos coadyuve o se establezca una investigación conjunta.

En la larga lista de violaciones mencionaron los largos interrogatorios criminalizantes a los familiares y amigos que fueron citados por Ministerios Públicos y donde les hacían aseveraciones sin fundamentos sobre el supuesto vínculo con organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Minerva Mariano Matías también acusó el mecanismo de descrédito a la víctima que dijo, no ha terminado.

“Funcionarios vinculados a la rectoría de la BUAP, en ese entonces a cargo de Enrique Agüera Ibáñez, agentes del Estado y oportunistas corrieron diferentes versiones a modo de afirmaciones categóricas que justificaban la ejecución de Fermín. Se sumaron a los señalamientos del Estado las filtraciones de medios de comunicación como la Jornada de Oriente y La Jornada nacional en donde se informó que el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN) le había dado seguimiento durante cinco años y que el EPR lo había reivindicado como uno de sus miembros en un comunicado, información que a la fecha tampoco ha sido esclarecida a pesar de que lo hemos solicitado cada año”, sostuvo la hermana de Fermín.

Insistió que la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Fermín Mariano se suma a otras más en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en el que implementó la guerra contra el narcotráfico como justificación para la militarización y paramilitarización en el país y la ejecución de luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas críticos e independientes. “Fue un crimen de estado, esa es la magnitud de esta denuncia”, dijo.