Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la recomendación 2VG/2014 dirigida al gobierno del estado de Puebla en 2014 por el caso Chalchihuapan se considera cumplida desde el 26 de diciembre de 2016.

Así lo denunció Araceli Bautista, integrante de Centro de Difusión y Promoción de Derechos Humanos “José Luis Tlehuatle Tamayo” luego de la reunión que sostuvo el pasado viernes 30 de junio, con González Pérez en la que también se reveló que Elia Tamayo no está inscrita en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).

El ombudsman en el encuentro reveló a Araceli Bautista que aun cuando se había difundido que el cumplimiento de la resolución del sexto visitador Ulises Carmona Tinoco aún se estudiaba y no era definitivo, paralelamente para el organismo ya era oficial.

Bautista señaló que la resolución del caso Chalchihuapan no fue mencionada en el reciente informe de Raúl González Pérez, el 30 de febrero de este año y su anuncio a la fecha permanece en el sigilo.

“El presidente de la CNDH Raúl González confirmó al Centro “José Luis Tlehuatle Tamayo” que la recomendación había sido concluida y que se ha calificado como aceptada con pruebas del cumplimiento total, pese a que no tenía toda la información, físicamente, por el retraso en la Fiscalía General del Estado”, acusó Bautista.

Para la madre del presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, el carpetazo denunciado en su momento y que ahora es oficial, revela también que la recomendación se dio por cumplida seis meses antes de tener en posesión el expediente completo.

En el oficio 39555 entregado a los integrantes del Centro de Derechos Humanos el pasado viernes por el presidente de la CNDH, se precisa que fue el 28 de junio de 2017 cuando se recibió la información enviada por el Juzgado Tercero de lo Penal en relación al proceso número 439/2014.

El mismo documento revela que la señora Elia Tamayo, madre de José Luis Tlehuatle Tamayo, niño que fue asesinado a manos de las fuerzas de seguridad durante un operativo violento en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, no está inscrita en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).

Respuesta de CNDH a 4 meses de retraso

La CNDH tardó cuatro meses en entregar a los integrantes del Centro José Luis Tlehuatle Tamayo la solicitud para que se transparentara la documentación en la que se sostenía la carpeta de investigación de los hechos sucedidos el 9 de julio de 2014, y de la cual la CNDH partía para emitir el cumplimiento de los puntos en la Recomendación 2VG/2014.

El 13 de enero de este año, los integrantes del Centro realizaron un mitin frente a las instalaciones del CNDH en donde colocaron una corona de flores, en alusión a la muerte del organismo, y cuestionaron la declaración de cumplimiento del entonces gobernador Rafael Moreno Valle a la recomendación 2VG/2014, según el sexto visitador de la CNDH.

La jornada de protesta siguió en febrero cuando se montó un plantón en el edificio, en exigencia a la CNDH para que transparentara el expediente de cumplimiento de los 11 puntos recomendatorios.

Le demandaban la copia certificada de la averiguación previa y el expediente penal instaurado contra los agresores para conocer su identidad, la certificación de que existió castigo penal de quienes ordenaron el operativo y  las pruebas de los peritajes,  que siempre se presumieron falsos.

También le solicitaban la copia certificada del procedimiento administrativo y de las sanciones impuestas a los responsables de los hechos que derivaron en el asesinato del menor José Luis Tlehuatle Tamayo. Incluso se pedía una verificación in situ de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública para comprobar que habían sido dotadas de cámaras de videograbación, para comprobar el cumplimiento de dicha Recomendación.

La manifestación concluyó con una reunión con los manifestantes en la que la CNDH se comprometió a revisar la resolución de la Recomendación 2VG/2014,  que, aseguró, aún no estaba concluida.

 Expediente del caso Chalchihuapan cuesta 3 mil 290 pesos

En el oficio de la CNDH también se responde que el expediente del caso Chalchihuapan está disponible, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (LFTAIP), y que la reproducción de la documental de tres mil doscientos noventa fojas certificadas corresponde a un costo de 3 mil 290 pesos.

Araceli Bautista aseguró que entre los documentos que le fueron exhibidos consta el perdón que Elia Tamayo otorgó a Facundo Rosas Rosas, Secretario de Seguridad Pública. El documento fue firmado por Alejandro del Castillo, Arturo Rivera Pineda, entonces abogados y asesores legales en el caso Chalchihuapan

También consta la firma de Enrique Flota Ocampo, quien fungía como Fiscal de Derechos Humanos de parte de la entonces Procuraduría General de Justicia, ahora recientemente nombrado Fiscal Anticorrupción.

“Este documento representa una estrategia que siempre estuvo diseñada para detonar el movimiento, entregarlo al gobierno del estado y allanarle el camino a Rafael Moreno Valle hacia la presidencia de la república”.

“Llegaremos al tercer aniversario del caso Chalchihuapan, el asunto emblemático de la peor represión ocurrida en el país, sin justicia y sin siquiera reconocer el agravio”, dijo Araceli Bautista.

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