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Sociedad
Desde hace dos años los abogados no han tenido acceso a la Averiguación Previa donde consta la denuncia anónima contra los universitarios
Siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) acusados de presunto terrorismo, hace dos años, pidieron a las autoridades que defina su situación legal.
En rueda de prensa, dijeron que el expediente continúa abierto pese a las inconsistencias de las acusaciones y permanecen acciones dilatorias y obstaculizantes de parte de autoridades para ofrecer un proceso legal apegado a derecho.
Los estudiantes, que aseguran fueron torturados en el sótano de la Procuraduría General de Justicia y obligados a desnudarse sufriendo vejaciones tras haber sido señalados en una “carta anónima” de dañar instalaciones gubernamentales y una estación del RUTA, pidieron a las autoridades que defina su situación legal.
Juan Carlos Tepole, Carlos Arafat Rosas Burgess Villegas, Erick López, Ana Rosa Zilli, Dulce Parra, Axel Jiménez y Sharyff Guerrero, puestos en libertad gracias a la presión social y mediática en junio de 2015, viven desde entonces en total incertidumbre, pues no se les ha dictado su libertad ni han recibido sentencia.
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“Nos tienen en total incertidumbre porque no tenemos el estatus de libertad; nos tienen atados de manos por eso queremos que se resuelva el auto de libertad y que no se criminalice a la organización”, señaló Juan Carlos Tepole.
La madrugada del 5 de junio del 2015, las casas de los jóvenes fueron allanadas en operativos simultáneos por fuerzas de seguridad con la intención de encontrar artefactos explosivos y armas de fuego que tuvieran relación con los hechos registrados el 1 de junio en las instalaciones del INE, Secretaría de Economía y una estación del Metrobus.
Durante este operativo, elementos de la Fiscalía General del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza golpeando a los jóvenes y encañonando a sus familiares. No fue hallada ningún tipo de prueba, pero extrajeron computadoras, celulares, tabletas, libros, libretas, dinero en efectivo, incluso una tesis de licenciatura. El decomiso no tuvo inventario y a la fecha los objetos no han sido devueltos, señalaron.
A dos años, los abogados tampoco han tenido acceso a la Averiguación Previa donde consta la denuncia anónima de los supuestos actos vandálicos y que devino en un proceso legal en su contra por el delito de daño a propiedad ajena.
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Viridiana Severiano Hernández, integrante del “Comité Somos más de 7” acusó que pese a las inconsistencias la FGE sigue el irregular proceso, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que se reconozca la inocencia de los jóvenes y se otorgue su libertad absoluta.
El hostigamiento legal, la persecución política y la amenaza de ser detenidos es considerada por los estudiantes como un acto represor del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
La represión que vivieron los estudiantes, explicaron, se debió a una campaña de criminalización contra el Bloque Revolucionario Estudiantil y Popular, colectivo al cual pertenecen la mayoría de los estudiantes.
“La represión no nos hizo retroceder, nos dio más argumentos para luchar contra el sistema podrido que vivimos, tenemos ahora más valor y seguiremos luchando para lograr el cambio que este país necesita”, dijo Carlos Arafat Rosas Burgess Villegas
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