Solalinde, Vera y Barreda exigen a Gali liberar a siete presos políticos

El presbítero Alejandro Solalinde Guerra, el obispo Raúl Vera López y el académico y fundador de la Unión de Científicos Comprometidos, Andrés Barreda dirigieron una carta al gobernador Antonio Gali Fayad en la que solicitan su intervención para la liberación de los siete presos políticos, cinco en el Cereso de San Miguel y dos en prisión domiciliaria.

Al concluir la jornada política y el encuentro de las organizaciones en el Mercado Hidalgo, firmaron la misiva exhortando al mandatario a que las instituciones en Puebla se conduzcan con “respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas”.

El obispo Raúl Vera, el sacerdote Alejandro Solalinde y Barreda, respaldaron las acciones delComité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión en Puebla y avalaron la existencia de presos políticos en el estado.

Se pronunciaron por la exigencia a la justicia y la libertad absoluta de las más de 366 personas que enfrentan cargos por razones políticas.

La violación jurídica en Puebla es de escándalo

Los personajes que encabezaron el evento político social en la sede la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” también hicieron un llamado a las redes de derechos humanos, a las barras de abogados y a la prensa nacional e internacional paradenunciar la forma en la que se imparte la justicia en Puebla.

Barreda y el obispo Vera coincidieron en que la arbitrariedad absoluta y la descomposición del Poder Judicial en el estado durante el hoy presidenciable, Rafael Moreno Valle y del actual gobierno es una práctica de los siglos XV y XVI, propios de la Santa Inquisición

Barreda alertó que el ejercicio llevado a cabo en Puebla podría marcar la tónica nacional por lo que llamó a las organizaciones a “no dejarla avanzar”

“Es la consecuencia de gobernar para los secuaces y para quedar bien con los dueños del dinero. Es mostrarse y venderse como el perro más rabioso, luciendo mi decadencia, mi sinrazón y la negación de la justicia y la vida digna”, opinó Vera.

El obispo dijo que la putrefacción del sistema político mexicano encuentra en la administración gubernamental de Puebla su exponente más brillante. “Aquí de plano se ha desatado y desarrollado de principio a fin”.

Hoy, en el Mercado Hidalgo organizaciones sociales, colectivos y familiares de víctimas de presos acusaron la represión en el estado y destacaron al caso Chalchihuapan y a la ejecución del ambientalista Antonio Esteban Cruz, como los grandes pendientes en Puebla.

Denunciaron que a la fecha no hay ninguna sentencia real por el asesinato del niño José Luis Tlehuatle Tamayo a manos de las fuerzas de seguridad al disolver una manifestación en la junta auxiliar de Chalchihuapan ni por la ejecución del defensor Antonio Esteban Cruz en Cuetzalan.

En el foro social abierto en la UPVA “28 de Octubre”, Elia Tamayo, madre de José Luis Tlehuatle y Aracely Bautista subieron al templete y acusaron el gobierno del estado por que aún no ha cumplido a cabalidad las 11 Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos remitidas al Ejecutivo luego de calificar lo sucedido en la junta auxiliar como una “violación grave de derechos humanos”.

“Los culpables de verdad no están ni estuvieron presos, pero sí hubo 11 pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que fueron privados de su libertad. Aunque ya se ha señalado con insistencia, el actual gobierno ha ignorado nuestro llamado de justicia”, acusó

Entre una decena de organizaciones que denunciaron las políticas abusivas, participó Rodrigo Esteban Mora, hijo de Antonio Esteban Cruz, para denunciar que el crimen de su padre sigue impune con la fabricación de culpables.

A pesar de haber sido una petición al nuevo gobierno, Gali ha ignorado la demanda de que el asesinato del líder campesino e integrante del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular que se oponía a megaproyectos en Cuetzlan, sea investigado a fondo.