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Política
No bastará con las fuerzas del orden para acabar con ese delito, se requiere de un plan nacional de reactivación económica, advierte Miguel Barbosa
Fortalecer el combate contra el robo de combustibles, pero también contra autoridades de los diferentes niveles de gobierno y de PEMEX que están coludidas con los huachicoleros, exigieron los diferentes grupos parlamentarios en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Desde la tribuna legislativa, el senador poblano del Partido del Trabajo, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que la ordeña de ductos de PEMEX, principalmente en varios municipios de Puebla, tiene como uno de sus orígenes la corrupción al interior de la propia paraestatal, así como de servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
Advirtió que la impunidad es uno de los principales incentivo para la comisión de este delito.
Más aún, dijo, datos periodísticos señalan que vehículos oficiales de muchos municipios de Puebla, sobre todo el llamado Triángulo Rojo, utilizan combustible robado. Además, instalaciones públicas de muchos de esos municipios sirven para almacenar ese combustible que es transportado por vehículos oficiales.
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Aclaró que no bastará con las fuerzas del orden para acabar con este delito, sino que se requiere de un plan nacional que incluya un programa para la generación de empleos, la reactivación económica de la zona, dignificación de espacios públicos y viviendas, así como la reconstrucción de infraestructura de servicios de salud y educación.
Por su parte la senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, destacó que si bien la PGR anunció que trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales, nada ha dicho sobre investigar a los servidores públicos vinculados con este delito, que ya sea por acción o por pro omisión han permitido que éste delito se incrementen de manera exponencial.
“Resulta indispensable que se haga una investigación de carácter político, sobre las responsabilidades de las y los servidores públicos que han conducido a PEMEX a este momento de debilidad y de crisis institucional en la que se encuentra”, dijo.
La senadora perredista añadió que lo ocurrido en Puebla es una tragedia largamente anunciada por tres razonas fundamentales: negligencia, corrupción y complicidades al más alto nivel.
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Agregó desde el gobierno de Vicente Fox a la fecha, el número de tomas clandestinas de hidrocarburo ha crecido en el país un 10 mil por ciento “y nadie hace nada”.
Destacó que tan sólo entre el 1 de enero y el 28 de febrero del presente año, los grupos delictivos abrieron en promedio 28 nuevas tomas clandestinas de hidrocarburo diariamente, lo que representa nueve perforaciones más diarias que el promedio en 2016.
“Otro elemento preocupante es el vínculo en algunos grupos políticos locales, con grupos del robo de combustible y la posible obtención de recursos financieros ilícitos para el financiamiento de algunas campañas”, advirtió la senadora quien recalcó que en Puebla reina la impunidad más absoluta.
El PAN, en voz del diputado Javier Neblina Vega, resaltó que la ordeña de ductos de PEMEX es un problema que existe desde hace décadas, sin que ninguna autoridad le haya entrado de frente al combate de este delito.
“Tuvieron que morir diez personas en Puebla; cuatro soldados del Ejército y seis presuntos delincuentes dedicados al robo de gasolina, para que el gobierno federal anunciara un plan integral contra la ordeña de hidrocarburos”, dijo.
Y aunque los diferentes grupos parlamentarios se pronunciaron por citar a comparecer a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la Secretaría de Energía (SE) y de la Procuraduría General de la República (PGR), para que qué han hecho para combatir a los huachicoleros, todo quedó en buenas intenciones, pues nada se aprobó al respecto.
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