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Nuevo Sistema Penal puede combatir la corrupción en México: Ibero
Con especialistas analizan La Audiencia Inicial en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y la historia de la reforma que abrió el camino al nuevo modelo de impartir justicia en el paÍs
El Departamento de Ciencias Sociales, a través la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, llevó a cabo la conferencia La Audiencia Inicial en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, espació donde se buscó dialogar y resolver dudas pertenecientes al reciente Sistema Penal Acusatorio.
El Dr. Andrés Gallardo Durán, coordinador de la Licenciatura en Derecho, inició su plática agradeciendo la presencia de la comunidad estudiantil, al tiempo que recalcó el esfuerzo del Departamento por reforzar el conocimiento de temas pertinentes para crear un mayor compromiso social. “Queremos abrir canales de participación para que los estudiantes conozcan de cerca la vida profesional de su profesión”.
Luis Francisco Gutiérrez de la Mora, estudiante de la Licenciatura, y quien en su intervención mencionó que México ocupa el sexto lugar en población penitenciara a nivel mundial y que tan solo en el 2008, antes de la implementación de la Reforma, se contaba con una capacidad estimada de 171 mil lugares para presos, la cual se vio desbordada con una cifra total de 212 mil presos, reflejando la falta del desarrollo en la calidad y capacidad de los centros penitenciarios.
De igual forma, Gutiérrez de la Mora también comentó que según la encuesta Corrupción y Cultura de la Legalidad del 2015, para los mexicanos la seguridad es el problema más grave que atraviesa México. E hizo referencia a la impunidad, “nuestro país alcanza una cifra del 99%, de los 18 millones de delitos, solo 164 mil llegaron a tener una sentencia”, afirmó el estudiante de Derecho.
Posteriormente, Ismael Baltazar Tapia, manifestó que contamos con una tradición de más de 100 años con el sistema pasado. “El 60% de los presos están por delitos menores a 5 mil pesos y de ellos más de la mitad aun no reciben sentencia”.
Sobre el tema, Baltazar Tapia apuntó que el 90% de los reos procesados con el viejo sistema, han sido juzgados con base a la prueba confesional, muchas veces sin estar en presencia de un abogado, es por ello que se vio la necesidad de implementar un nuevo sistema encaminado a impartir una justicia más humana y más eficaz.
El Mtro. Luis Antonio Morales Salgado señaló que dicho sistema apareció por las necesidades y carencias jurídicas del viejo sistema de justicia. También manifestó que la raíz del nuevo sistema acusatorio, se ubicó en un tratado internacional firmado por México en 1980.
Dicho sistema duró casi 20 años en ser impuesto, desde el pacto internacional, debido a las discrepancias evidentes entre los presidentes de la Republica y el Congreso de la Unión. Lo que provocó que fuera hasta inicios del año 2000 que la Reforma fuera puesta en marcha. “De este modo, se comenzó la peregrinación del sistema a lo largo del país, buscando establecer nuevos principios, valores e incluso nuevas formas de estudio”.
El especialista destacó que el nuevo sistema cuenta con tres etapas procesales. La primera, de investigación, que se inicia con una denuncia y culmina cuando el detenido es puesto a disposición del juez de control, para realizar una serie de audiencias posteriores que lleva por nombre etapa intermedia y etapa de juicio.
Sobre la Audiencia Inicial, el abogado puntualizó que esta surge a partir de que una persona entra a la etapa procesal,“lo cual puede suceder bajo diversas circunstancias como lo son la orden de aprensión, la cita de comparecencia, por flagrancia, caso urgente o cita. Todos señalados por el código nacional de procesos penales en relación a la Constitución”.
Finalmente, el abogado postulante argumentó que la investigación inicial, la formulación de imputación, en la cual se le notifica al individuo que será investigado, seguido por la probable declaración del imputado, para así ser posteriormente solicitar al individuo que sea vinculado a proceso, como parte de las medidas cautelares. De este modo, posterior a las medidas cautelares, se da el término del cierre de la investigación, con un tiempo mínimo de dos meses y máximo de seis, dependiendo el delito.