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Juez ordena investigar a FISDAI por detenciones en caso Aduna
El Tribunal Colegiado consideró que la detención de los dos agentes ministeriales en el caso Aduna fue ilegal, por lo que se ordenó abrir una investigación contra el titular de la Fiscalía
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito ordenó abrir una investigación en contra de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impactó (FISDAI) por detener de forma ilegal a dos de los implicados en el caso de homicidio y secuestro ordenado por el empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio.
Esto luego de que los ex agentes ministeriales Javier Cruz Ventura y José Felipe Riveros Hernández recibieran un auto de libertad y se convirtieran, el pasado jueves, en los primeros absueltos de este caso de multihomicidio en contra de seis presuntos ladrones de Lomas de San Miguel.
Tribunal colegiado presume detención ilegal de ministeriales
Según explicó la defensa de los ex agentes, encabezada por los abogados José Luis Ramírez Téllez y Nicolás Machorro, del Corporativo Jurídico “Ramírez Téllez y Asociados”, una vez demostrado que ellos no filtraron información al empresario para poder levantar y después ejecutar a seis presuntos ladrones en 2015, la justicia federal calificó de ilegal su detención.
De este modo, se solicitó ante el Juez Quinto de lo Penal en Puebla se abra una citada carpeta de investigación específicamente en contra del titular de la FISDAI, Fernando Rosales Solís y los agentes encargados de ejecutar la orden de aprehensión contra Cruz Ventura y Riveros Hernández.
Por este motivo, la justicia local estará obligada a investigar el proceder de la FISDAI en el caso de Jorge Aduna pues el Tribunal Colegiado considera que nunca existieron elementos para justificar ni la acusación ni la detención por el delito cometido en contra de la procuración y administración de justicia.
PGR podría atraer la investigación
Aunque de forma inicial será la FGE la obligada a iniciar el proceso de investigación, al ser un proceso entre funcionarios de la misma dependencia se podría solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso.
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Según la defensa legal de los ahora absueltos, en caso de que se comprueben que hubo irregularidades y la detención de sus clientes estuvo viciada desde el principio, tanto el director de la FISDAI como sus elementos inmiscuidos en la detención, podrían alcanzar penas tanto administrativas como penales.
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