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Política
Comité considera que los últimos arraigos concedidos son una muestra del costo político que significaba para el gobierno de José Antonio Gali Fayad mantener a presos
Un total de cinco presos políticos del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, es decir, cuatro integrantes de la organización 28 de Octubre, así como el ex líder sindical del Ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, aún se encuentran en la cárcel, informó Carolina González Barranco, integrante del Comité para la Liberación de Presos Políticos.
En entrevista vía telefónica la activista consideró que el arraigo para enfrentar una prisión domiciliaria de Francisco Castillo Montemayor, exfuncionario estatal acusado de extorsión, y el de Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, líder de la 28 de Octubre, son una muestra del costo político que significaba para el gobierno de José Antonio Gali Fayad, mantener a ambos presos.
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González Barranco expuso que los cuatro presos políticos pertenecientes a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre son los hijos de Simitrio, Xihuel Sarabia Reyna y Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, quienes están acusados por tráfico de estupefacientes, así como José Muñoz Villegas y Fernando Alonso Rodríguez, encarcelados por tentativa de homicidio.
Subrayó que en el caso de los hijos de Rubén Sarabia hasta el momento ninguna autoridad ha podido comprobar el delito que les imputaron, razón por la cual en agosto de 2016 el Primer Tribunal Colegiado en materia penal dictó el auto de libertad en favor de Atl Tonatiuh Sarabia, quien se negó a dejar la cárcel en solidaridad con su padre en ese momento también preso en el penal de San Miguel.
Respecto a los casos de José Muñoz y Fernando Alonso, González Barranco recordó que fueron señalados de tentativa de homicidio tras un enfrentamiento con integrantes de la organización de vendedores ambulantes “Doroteo Arango”, sin que hasta el momento se les haya comprobado su responsabilidad.
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“Los integrantes de la Doroteo Arango llevaban armas, fueron detenidos siete pero después fueron puestos en libertad. Es irónico que los dejaran libres y detuvieran a los integrantes de la 28 de Octubre por tentativa de homicidio”.
El quinto caso es el del exlíder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla “Benito Juárez”, Israel Pacheco Velázquez, quien está preso en el penal de Cholula por el delito de extorsión.
“Lleva tres años preso. Aletargan cada vez más los procesos. No son respetadas sus garantías individuales. En todos los casos primero los capturan y después les fincan las responsabilidades. No llegan con órdenes de aprensión. Fue una constante en el sexenio pasado”.
144 casos siguen abiertos y solo 2 se resolvieron
Carolina González refirió en la entrevista que de un total de 355 casos de represión, procesados y presos políticos en el sexenio de Moreno Valle siguen abiertos 144 y solo dos se han resuelto con absoluciones para los implicados.
Sostuvo que los dos casos resueltos son los de Enedina Rosas Vélez, una de las activistas que se opuso al gasoducto Morelos, quien fue acusada de robo, así como Néstor López Espinoza, quien fue acusado de supuestamente organizar actos vandálicos el 5 de Mayo de 2013, durante una gira del presidente Enrique Peña Nieto.
Explicó que su organización considera al exedil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, como condenado político, al tiempo de señalar que uno de los presos políticos, Delfino Flores Melga, murió preso a los 90 años.
Prisión domiciliaria aminora la presión política
La activista subrayó que la prisión domiciliaria que enfrentan por separado Francisco Castillo y Rubén Sarabia es un intento del gobierno de José Antonio Gali para “aminorar la carga política”.
“Ambos son muy conocidos a nivel nacional. El costo era mucho más caro teniéndolos en prisión. Creo que sopesaron el costo político. Puede ser la señal de que Gali tiene la voluntad de dejar atrás el tema de la represión. El arraigo domiciliario es un estatus legal aminora el tema de la persecución”.
No obstante, recordó que Rubén Sarabia no tiene libertad de ser llevado al médico pese a su delicado estado de salud, por lo que desde su perspectiva el estado se “lava las manos” respecto a lo que le pase.