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Suman doce estados del país más de diez mil mujeres desaparecidas

No hay en Puebla una metodología concreta para atender el problema de los feminicidios, señalan en foro del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero Puebla

Suman doce estados del país más de diez mil mujeres desaparecidas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. IDHIE-, de la Universidad Iberoamericana Puebla llevó a cabo la jornada Feminicidios y Alerta de Género, espacio creado para exponer las dificultades que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia, las carencias del Estado mexicano para poner en marcha los sistemas de alerta, así como la situación que prevalece en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México en la materia.

Al respecto, la Dra. Galilea Cariño Cepeda en la presentación del panel Alertas de Genero en México apuntó que la situación es delicada porque existen omisiones graves por parte del estado puesto que no se está juzgando con perspectiva de género que favorezca la igualdad.

La Lic. Edith Méndez Ahuactzin, del Colectivo Mujer y Utopía, expuso el calvario por el que han pasado para que el gobierno de celeridad a la solicitud de activar la alerta de género en el estado de Tlaxcala, pues se enfoca al tema del feminicidio, sin considerar que la región ocupa el primer lugar nacional en trata de personas y eso también es una condicionante para poner en marcha la alerta.

Ante esta situación, la representante del Colectivo Mujer y Utopía, puntualizó que el informe que emite el gobierno ante la petición de activar la alerta de género, es realmente absurdo pues hacen alusión a “otras violaciones”, pero no toma en cuanta problemáticas latentes como el embarazo infantil o adolescente.

Para concluir, Méndez Ahuactzin señaló que, hasta el día de hoy, es la primera vez que el gobierno toma en consideración esta peticiónpara atender el tema de la alerta de género en Tlaxcala. “Nos queda claro que la alerta de género se va a emitir, pero no sabemos bajo qué condiciones ni en qué momento, pues tanto autoridades ejecutivas y legislativas desconocen el procedimiento”.

La encargada de hablar de la realidad que se vive en el Estado de México fue la Mtra. María de la Luz Estrada García, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, quien destacó que lograr instaurar la primera Alerta de Género en el país, implicó un proceso complicado de más cinco años de investigación y seguimiento de casos que las propias autoridades no hicieron.

Estrada García afirmó que al comparar la situación de Puebla con el Estado de México la especialista enfatizó que Puebla es un polvorín pues existe un problema grave al que hay que enfrentar. “Antes de cualquier acción hay que conocer el contexto de la problemática y no se está haciendo”.

Asimismo, la especialista manifestó que la respuesta elaborada por las autoridades estatales sobre las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres CONAVIM- es lamentable, ya que presenta carencias estructurales de consideración.

“Es ilógico dejar al final el protocolo, cuando en realidad este debe ser el punto de partida, y eso implica atender el contexto, ellos no están considerando que conviven con estados como Tlaxcala con un fuerte problema de trata de personas; con Veracruz y su dificultad con el crimen organizado, con el Distrito Federal, Morelos y el Estado de México, todo eso forma parte de los temas que Puebla debe atender”, concluyó la Coordinadora del Observatorio de Feminicidios.

Por su parte, la Mtra. Rosario Arrambide González, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del IDHIE de la IBERO Puebla, expuso una serie de elementos que evidencian las carencias que presentan las diversas instancias de gobierno ante el tema de feminicidios y alerta de género.

Arrambide González añadió que en el proceso de constituir un órgano garante, el Gobierno de Puebla evidenció irregularidades. La primera de ellas fue el hecho de lanzar dos convocatorias y la segunda consistió en notificar vía telefónica y no por escrito a quienes superaron el primer filtro. “En la llamada interrogaban sobre el interés de participar, la operación y las metodologías”.

Asimismo, expuso las carencias de la autoridad estatal sobre cada una de las once recomendaciones que hizo la CONAVIM, pues subrayó que de éstas, algunas cumplen teóricamente con el encargo pero no explican de qué manera podrán aplicarse y algunas otras están incompletas y con serias deficiencias.

Antes de la presentación de este panel, el IDHIE de la IBERO Puebla presentó el documental Feminicidio y acceso a la justicia, trabajo que habla de la difícil situación que prevalece en el país para que una mujer pueda ser atendida legalmente. Este material fue presentado por laDra. Ana Jetzi Flores Juárez, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) y la Mtra. Mónica Ramírez García, integrante del OVSG.

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