En Atlixco se amparan contra abusos del sistema de agua potable

Ciudadanos de Atlixco conformaron la Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco (APCUA) para dar la batalla legal contra la privatización del servicio de agua potable, informaron.

En rueda de prensa señalaron que presentaron un amparo colectivo que se suma a otros tres presentados en los Juzgados Primero y Sexto de Distrito, en diciembre pasado, contra el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco SOAPAMA por el cobro ilegal y el anticonstitucional corte de suministro de agua a sus viviendas por adeudo de pago.

Mariel Bonilla Dumit, coordinadora de la Consultoría Integral de Litigios Estratégicos aseguró que en Atlixco los ciudadanos son sometidos por el SOAPAMA a deudas impagables que van de los 15 a 20 mil pesos por año por el suministro de agua, alcantarillado y saneamiento en una entidad sumergida en la pobreza.

Bonilla aseguró con datos del INEGI que en Atlixco el 34.51 por ciento (más de una tercera parte) de los 35 mil 093 hogares, al menos un adulto no pudo comer la cantidad de alimentos que necesita para su desempeño cotidiano óptimo por falta de dinero, mientras que el 15.11 por ciento de los menores de edad, tampoco pudieron comer el alimento necesario para sus actividades diarias.

Los habitantes se declararon en “huelga de pago” y aseguraron que el organismo operador ha servido a los intereses de los grupos de poder, representados por personajes como Ramón Morán del Valle y José Luis Coca Vázquez. Acusaron que mientras han elevado sus tarifas a más del 3 mil por ciento, existen deficiencias en el abastecimiento e infraestructura de agua para el uso humano.

Aseguraron que del total de las viviendas particulares habitadas, más de la tercera parte no cuenta con agua entubada al interior de su domicilio o terreno, esto es, aproximadamente el 35.70 por ciento tiene que recurrir a medidas de acarreo, compra de pipas, u otras medidas.

Mariel Bonilla también acusó que el SOSAPAMA envía papelería intimidante a los usuarios a los que les obliga a instalar medidores con la promesa de “bajar la tarifa”.

Sin embargo con dicho argumento, aseguró la abogada, el organismo acepta que las tarifas de pago han sido impuestas arbitrariamente con pleno consentimiento del Ayuntamiento actual y de las anteriores administraciones.

Demetrio Martínez aseguró que miembros de la APCUA han sido hostigados por agentes de la Policía Ministerial que acuden “de visita” a los hogares de los ciudadanos, pese a que no existe orden judicial o proceso en su contra.

El ciudadano dijo que el tendido de agua potable, alcantarillado y hasta los propios pozos de agua con su infraestructura, fueron gestionados por los propios habitantes de las colonias y comunidades, pero las empresas a las que les ha concesionado el servicio lo convirtieron en privado el logro de un esfuerzo colectivo.