SEGOB no debe tutelar Ley General de Archivos, exigen especialistas

Miembros de la Red por la Rendición de Cuentas y organizaciones defensoras del derecho a la información presentaron un posicionamiento público sobre la iniciativa de Ley General de Archivos y exigieron desvincularla del control político de Secretaría de Gobernación.

El posicionamiento difundido asienta que la valoración documental, junto con la conservación y plena consulta de los documentos históricos, son condiciones fundamentales para el quehacer administrativo, histórico, la construcción de una memoria nacional y el ejercicio de derechos fundamentales.

“No existe ninguna razón técnica para que sea la SEGOB, quien conduzca el Consejo y el Sistema Nacional de Archivos. Por el contrario, deben ser perfiles especializados en las disciplinas de archivos, historia y gestión documental quienes sean el núcleo del Consejo y sus decisiones. Sólo así se asegura una política archivística formulada en clave con las necesidades administrativas y no con los impulsos autoritarios de control político”, señalan.

Docentes del Colegio de México, la Academia Mexicana de la Historia, directivos de la Escuela Nacional de Archivos, la organización Transparencia y Rendición de Cuentas, FUNDAR, el CIDE, Red por la Rendición de Cuentas, y Artículo 19, señalan que los archivos históricos son fuentes de acceso público y por esta simple razón ninguna información dentro de los documentos allí alojados admite ser clasificada como confidencial, ni reservada.

“Con la Ley General de Archivos llegó el momento de detener la práctica sinsentido que se realiza en muchos archivos históricos del país, a partir de la cual se testan, es decir, se censuran datos personales de décadas y siglos atrás y se vulnera la construcción de historia y memoria nacionales”, destacan.

“Obligar a que burócratas sin especialización en materia archivística revisen todos los documentos que se ubican en sus archivos históricos y posteriormente los destruyan o transfieran de regreso a archivos de concentración implica necesariamente abrir la puerta para el revisionismo histórico, siendo nada más que un impulso autoritario por censurar la historia, el rol del Ministerio de la Verdad en la novela 1984.Las autoridades no sólo no tienen recursos financieros para llevar a cabo una empresa de este tamaño, tampoco tienen la capacidad técnica para que dicha labor sea exitosa”, añade el posicionamiento.

Las organizaciones mencionadas advirtieron que de no atender este conjunto de preocupaciones, el Senado de la República aceptaría un proyecto diseñado mayoritariamente desde las oficinas de Gobernaciónlegalizando una política archivística débil para la gestión documental y la memoria del país, violatoria de derechos fundamentales como el acceso a la información y la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos, y sumamente nociva para la consolidación efectiva de los sistemas nacionales de transparencia y combate a la corrupción.