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Gobierno
Los recursos fueron entregados al municipio durante la gestión del exedil Raúl Marín Espinoza, pero no hay documentos que acrediten su uso
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia penal en contra del ayuntamiento de Huaquechula, pues se desconoce el destino de 34.3 millones de pesos que recibió en 2013 por parte de la federación para utilizarlos en la ejecución de obra pública.
Los recursos fueron entregados al municipio durante la gestión del exedil Raúl Marín Espinoza, por lo que el actual gobierno a cargo de Edwin Mora Caballero argumentó desconocer el destino de los mismos, ya que su antecesor no dejó documentación que compruebe su ejercicio.
Esta es la primera denuncia penal que el organismo interpone desde el año 2000 -en que fue creado- contra una autoridad poblana.
En su informe sobre la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, la ASF señaló que presentó una denuncia penal el pasado 5 de septiembre en contra del municipio de Huaquechula por los resultados de la auditoría 13-D-21069-02-1277 GF-383.
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De acuerdo con el dictamen de esa revisión, durante el ejercicio fiscal 2013 la federación transfirió a ese municipio 34 millones 340 mil 800 pesos, mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), los cuales fueron depositados por la comuna en una cuenta bancaria que no era específicamente para este rubro.
Esa cuenta tenía un saldo inicial de 8.6 millones de pesos, cuyo origen también se desconoce, lo que demostró deficiencias en la administración de fondo bancario.
Desde agosto de 2014, el presidente municipal informó que no cuenta con los expedientes del ejercicio 2013, dado que la administración anterior no dejó documento alguno.
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Ello impidió aclarar el uso de los recursos, así como si estos se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones en beneficio de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Ante los faltantes, la ASF determinó un posible daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 34.3 millones de pesos, así como de los rendimientos que haya generado la cuenta bancaria en la que se depositaron los recursos.
Adicionalmente, la Auditoría expuso que ese municipio no cuenta con evaluaciones de control interno que permitan identificar el correcto uso de los recursos públicos.
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