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El acuerdo fue aprobado en comisiones y este martes en el pleno; los nuevos integrantes serán designados por un periodo de cuatro, cinco y seis años
Con la abstención del PRI, diputados locales aprobaron en comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Transparencia la transformación de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), en un Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, lo que incluye la renovación total de sus actuales integrantes.
Después del receso decretado en la sesión del pasado viernes, este lunes los legisladores retomaron la discusión y se determinó que los integrantes serán designados por un periodo de cuatro, cinco y seis años, es decir entrarán en funciones en enero de 2017 para concluir su cargo en 2021, 2022 y 2023, informó el presidente de la Comisión de Transparencia, Marco Antonio Rodríguez Acosta.
Al término de sesión se informó que en breve será emitida la convocatoria para que los aspirantes puedan inscribirse, incluso los actuales comisionados, entre ellos Javier Fregoso Sánchez, comisionado designado desde el 2010 y a quien se le vence el plazo al frente del órgano garante.
Se dijo que, a diferencia de las reformas constitucionales a nivel nacional, en donde el Senado no permitió que los comisionados en turno participarán en el proceso de renovación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en Puebla “somos incluyentes” y se permitirá que los comisionados participen en el proceso de renovación total, según el legislador.
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Los comisionados gozarán de fuero constitucional, como lo adelantó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, en tanto que para la selección de los funcionarios del órgano de transparencia serán tomadas en cuenta las organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con Rodríguez Acosta, los integrantes de las organizaciones civiles solo podrán participar como asesores de los diputados y como observadores, más no pueden votar porque la designación de los nuevos funcionarios es una labor exclusiva de los diputados.
Los legisladores afirmaron que no habrá un “instituto a modo”, es decir, con la finalidad de favorecer a gobernantes en turno, para ello recalcaron que se tomará en cuenta la opinión de los expertos.
Este martes durante la sesión del pleno el documento se someterá a votación, una vez concluido esta votación entonces se emitirá la convocatoria para que antes de que termine el tercer periodo ordinario de sesiones quede “transformado” el órgano garante.
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Los comisionados del nuevo instituto deben ser imparciales y no estar ligados a grupos políticos, advirtió la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Silvia Tanús Osorio, quien reconoció que la reforma constitucional será aprobada por la mayoría de los grupos.
Al término de la sesión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Transparencia, Tanús Osorio aceptó que a pesar de que los ocho integrantes de la bancada que lidera se abstengan o voten en contra del documento, el resto de las bancadas votarían a favor de la renovación total.
Ante este panorama y el documento que será votado en la sesión ordinaria de este martes, la priísta también advirtió que se vigilarán los términos en los que se emita la convocatoria y el proceso de selección de los comisionados pues señaló que debe tomarse en cuenta a las organizaciones civiles y a los académicos expertos en el tema.
“El organismo debe ser garante de imparcialidad y para que se eviten estas cuestiones se tiene que plasmar en la convocatoria, la cual aún no se expide. Insisto en que todo tiene un límite –agregó-, porque de repente las organizaciones de la sociedad civil, a las cuales yo respeto mucho, hacen planteamientos de que quieren decidir ellos y eso no es posible, nuestro voto es irrenunciable”.
Tanús Osorio señaló que hasta el martes, durante la sesión, los legisladores decidirán si acompañan o no el documento, pues se debe garantizar que la renovación total de los comisionados esté apegada a lo legalmente establecido y especialmente que no se trate de u organismo que obedezca intereses de un gobernante en turno.
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