Acusan ante ONU faltas de empresas a derechos humanos

Al menos 12 casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas que tienen proyectos en Puebla, identificó la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil, tales como la contaminación del Río Atoyac y del medioambiente de la entidad por la instalación de minas e hidroeléctricas.

El informe fue presentado este lunes y entregado al grupo de trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el informe participaron agrupaciones como el Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), Fundar, el Centro de Análisis e Investigación y el Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla, entre otros.

El reporte documenta 68 casos de violaciones a derechos humanos en el país, en los rubros de: minería y cementeras (11); hidrocarburos (9); producción de energía mediante hidroeléctricas y parques eólicos y abusos relacionados con los consumidores (8); construcción de infraestructura (9); agroindustria y forestal(6); maquilas y corredores industriales (4 casos), y otros sectores (8) incluyendo abusos de empresas de seguridad privada, la exportación ilegal de arma a zonas de conflicto o turismo.

“En México, la influencia corporativa se observa en todos los niveles del gobierno (local, municipal, estatal y federal) debilitando los procesos de protección y cumplimiento de los derechos humanos a favor de los intereses empresariales”, subraya el colectivo de agrupaciones, quienes resaltan que la fuerza pública se ha utilizado para reprimir comunidades y proteger maquinaria de empresas privadas.

Por otra parte, subrayan que el actual marco legal del país favorece el uso del suelo para proyectos energéticos sobre cualquier otro uso, por ejemplo para la agricultura, vulnerando derechos como a laalimentación y el trabajo.

Devastación socio-ambiental en el Río Atoyac

Las agrupaciones responsabilizaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras firmas cuyos omiten, de provocar daños a la salud, atentar contra un medioambiente sano, así como de vulnerar la vida digna, la tierra, la alimentación y la información al contaminar el Río Atoyac que atraviesa Puebla y Tlaxcala.

Son cinco comunidades afectadas, pertenecientes a los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo:Santa María Moyotzingo, San Francisco Tepeyecac, Santa Ana Xalmimulco, San Lucas Atoyatenco y San Baltazar Temaxcalac.

Atentan contra comunidades indígenas

El reporte señala a la firma Deselec 1 que es filial del Grupo Comexhidro, de violentar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada que realizó la comunidad indígena de Tutunaku del municipio de San Felipe Tepatlán, mediante la que rechazaron la instalación de una planta hidroeléctrica, con lo que se vulneraron derechos humanos a la información, a la tierra y el territorio; además de que incurrió encriminalización, intimidación y amenazas.

Resistencia civil a altas tarifas por energía eléctrica

Un caso que las agrupaciones documentaron en Puebla, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Chihuahua, es la criminalización, detenciones, intimidación y amenazas en contra de ciudadanos que se resisten a la aplicación de altos costos impuestos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Uno de los casos más recientes se registró en Huauchinango, pues la paraestatal cobraba a la poblacióntarifas atrasadas por más de un lustro, no obstante, el 70 por ciento de la deuda sería conmutada, ante las lluvias que a principios de agosto azotaron esa región de la entidad, según dijeron Rocío García Olmedo y Jorge Estefan Chidiac, dirigentes del PRI en Puebla.

Gasoducto Altamira-Tula

Otro caso del sector energético del que se da cuenta en el reporte, tiene que ver con el Gasoducto Altamira-Tula que recorrerá los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, a fin de transportar gas natural que llegará al país desde Estados Unidos, vía submarina por el Golfo de México.

Según el informe, el proyecto a cargo de la firma Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNHSA), filial de TransCanada, no ha permitido que se lleve a cabo una consulta previa e informada, por lo que ha violado derechos a la información, a la tierra y el territorio; e incurrió en intimidaciones y amenazas.

Otro caso es el del Gasoducto Tuxtepec – Tula de Allende, que ejecuta la empresa TransCanada y Bonnati, entre Hidalgo y Puebla, ya que la obra tampoco previó una consulta entre las comunidades afectadas, y también ha amenazado a los pobladores de las comunidades que atravesará.

El caso del Proyecto Integral Morelos, mejor conocido como “Gasoducto Morelos” también fue integrado en el listado, ya que las empresas Abengoa, Bonatti, Enagas y Elecnor, incumplieron con el “principio de precaución”, es decir, riesgo innecesario, además no preservaron el derecho a un medio ambiente sano, a la tierra y el territorio.

En Puebla, la oposición al proyecto derivó en el encarcelamiento de los activistas Enedina Rosas y Juan Carlos Flores Solís.

Construcción de una estación de bombeo

La firma Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNHSA), filial de TransCanada, también fue responsabilizada de incurrir en abusos a derechos humanos como el derecho a la tierra y el territorio, a la información, a la participación, por la instalación de una estación de bombeo en Puebla.

Explotación de minas

Las organizaciones incluyeron proyectos como el que lleva a cabo la empresa CANACE para instalar una mina a cielo abierto en los municipios de Pahuatlán e Ixtacamaxtitlán, por lo que es acusada de vulnerar el derecho al agua y al medioambiente sano.

Sobresale también el proyecto Tulictic de la firma Minera Gorrión, filial de Almadens Minerals, pues ha realizado abusos a derechos humanos como el derecho a la tierra, a una vida digna, y a las garantías de la comunidad indígena de Tecoltemic.

Privatización del agua

La privatización del servicio de agua potable en Puebla también destaca en el informe. Según la información que se expone, se violentaron las garantías individuales de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, dos indígenas originarios de la comunidad de Atla, en la Sierra Norte de Puebla, detenidos en enero de 2010, procesados y sentenciados a seis años y 10 meses por un delito que nunca existió y contra el que no pudieron defenderse por no hablar español, debido a que encabezaron un movimiento en su comunidad para que el uso del agua fuera gratuito.

Un caso cuyos efectos se identificaron en todo el territorio nacional, fue la contaminación de maíz transgénico, generada por las empresas: Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (filial de PioneerDupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto, Cargill y Maseca. La violación aderechos humanos se configura en la afectación de un medioambiente sano, a la salud, a la alimentación, alacceso a la información y a la participación.

Destaca también la oposición de diversas poblaciones del país a la Reforma Energética. El informe responsabiliza a las empresas Royal Dutch Shell, British Petroleum y Chevron Corporation y las mexicanasGrupo Carso y Grupo Bal, entre otras, que participaron en la primera ronda de la licitación para la explotación de yacimientos de hidrocarburos.