Cumple un año sin resolverse caso de desalojo de defensores de DH

A un año del desalojo que sufrieron los defensores de Derechos Humanos, Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales, denunciaron que el caso de apelación no ha sido resuelto por el contubernio que hay entre bancos, cesionarios de cartera vencida y funcionarios.

Los activistas relataron una vez más la red de corrupción que envuelve al tema inmobiliario en el estado de Puebla e identifican al Juzgado 12 civil de esta Ciudad de Puebla, a cargo del Juez Ismael De Gante López, con protección del Tribunal Superior de Justicia, encabezado por Roberto Flores Toledano, como los principales benefactores de especuladores inmobiliarios.

Aseguraron que prestanombres de la cesionaria ZENDERE, Fernando Javier Beltran Villagra, titular del despacho Beltran Villagra y Asociados Jurídico Empresarial, extienden vínculos altamente organizados entre bancos, cesionarios de cartera vencida -como persona física o moral- y funcionarios que desde sus instancias gubernamentales actúan en favor de grupos de poder económico-político.

Fue el 12 de agosto cuando la ejecución del desalojo forzado se llevó a cabo dos días antes de la audiencia mediante la cual se impugnó la ilegalidad del lanzamiento.

La validación de Flores Toledano al lanzamiento calificado de “apegado a derecho”, fue refutada en noviembre del 2015 por un Juzgado Federal que ordenó la restitución del inmueble. Un día después de esta resolución federal, el Juzgado 12º notificó a los activistas la resolución del incidente de oposición a ejecución de sentencia como no probado, pretendiendo así no dar cumplimiento a la sentencia de amparo.

Un año después el caso sigue sin resolverse. Los activistas acusaron al presidente del TSJ Flores Toledano de tener un historial asociado a la protección de intereses de inmobiliarias y bancos.

Señalaron el nombre del bufete Flores Toledano Rullán Abascal, S.C. y SIPASA S.C. empresa para la que presta servicios el titular del TSJ en paralelo y desde el puesto gubernamental que ocupahttp://www.sipasa.com/about_es.htm

“Nuestro caso no es aislado, al caso del derecho humano a la vivienda, la legislación sigue caracterizándolo como mercancía, contraviniendo la legislación internacional en derechos humanos, lo cual pone en una grave situación de riesgo a millones de familias mexicanas que se enfrentan a tecnicismos jurídicos que los despojan legalmente de sus propiedades ,ya sea por especulación inmobiliaria, mega proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos, hidroeléctricas, complejos industriales, proyectos carreteros, en el cual la constante es la violación sistemática y persistente de derechos constitucionales por parte de los tres poderes de gobierno, lo cual pone en tela de juicio la prevalencia del actual estado mexicano”, sostuvo Israel Sampedro.