Promueven amparo masivo contra reglamento de vialidad en Monterrey

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León interpondrá un juicio de amparo masivo en contra del nuevo Reglamento de Vialidad y Tránsito del área metropolitana de Monterrey, por considerarlo un grave perjuicio para la industria.

El pasado miércoles 1 de junio, los 11 alcaldes del área metropolitana de Nuevo León presentaron de manera oficial el documento que avalaba los cambios en todos los ayuntamientos, argumentando que mejoraría la circulación diaria de los ciudadanos y del tráfico pesado. Ese mismo día, el reglamento se publicó en el Periódico Oficial del Estado para los municipios de Monterrey, Santiago, San Nicolás, Juárez, San Pedro, Guadalupe y Apodaca, y su entrada en vigor se estableció para el 1 de agosto, 9 de agosto, 16 de agosto, 19 de agosto, 26 de agosto y 30 de agosto, respectivamente. Hasta el 27 de julio, seguían sin publicarse los reglamentos de Santa Catarina, Cadereyta y Escobedo.

Recientemente, miembros de la Cámara sostuvieron reuniones con representantes de los 3 niveles de gobierno, así como mesas de trabajo con integrantes de otros organismos empresariales como CANACAR y la CANACO, pues afirman que el nuevo estatuto restringe severamente la libre circulación de las unidades de carga pesada, situación que traerá afectaciones no sólo a los industriales regiomontanos, sino de los distintos estados del país que transiten por estas vías.

Entre los alcances más relevantes del reglamento está que se restringe la circulación de las 6 de la mañana a las 10 de la noche a todo el transporte de carga superior a las 3.5 toneladas o de más de 6.5 metros de longitud, es decir, sólo habrá operación nocturna para la industria y el comercio. Se generaliza la figura de “permisos de circulación”, de 5 mil 468 pesos por cada vehículo, por mes y por municipio, para poder transitar sin limitación.

No considera excepciones para cargas de alta especialización como paquetería, mensajería, perecederos, refrigerados, concreto, peligrosos y valores. Además, el reglamento es ambiguo en temas de trámites y aplicación, pues no especifica la papelería requerida para solicitar permisos y no señala cómo se identificará al transporte que sí cuenta con permiso, lo que fomentará la corrupción y el coyotaje.

Los empresarios locales aseguran que la mayor afectación que tendrán son los permisos de circulación, pues para contar con un permiso de 30 días deberán pagar 75 cuotas, cada cuota con un valor de 73.04 pesos, dando un total de 5 mil 478 por mes, por cada municipio.

Una empresa que tenga 3 unidades de transporte tendrá que pagar 82 mil 170 pesos al mes por transitar en 5 municipios, así que el costo del permiso al año será de 986 mil 40 pesos; mientras que las empresas que tengan 10 unidades de transporte deberán pagar 821 mil 700 pesos, y el costo del permiso al año será de 3 millones 286 mil 800 pesos.

Esta situación, advirtieron los dueños, provocará despidos masivos; aumento generalizado en el costo de los bienes; cierre de empresas, principalmente pymes; pérdida de la competitividad del estado de Nuevo León, pues los transportistas nacionales descartarán a la entidad como punto estratégico de negocios; corrupción y mayor discrecionalidad por parte de las autoridades municipales y entorpecimiento de las cadenas de suministro nacionales e internacionales.

Tras las reuniones, las autoridades municipales no han variado sus posturas, por ello, el área legal de la cámara actualmente está trabajando en la elaboración de un amparo, con el fin de proteger los intereses de la industria y de la comunidad en general.

Entre los principales argumentos del amparo está el que el municipio no tiene facultades para regular lo relativo al transporte de carga pesada, únicamente puede regular lo concerniente al tránsito de vehículos. Además establece una prohibición parcial de tránsito contraria a la Constitución, pues las unidades de carga pesada sí pueden cruzar por la zona metropolitana pero por determinadas vialidades y en determinado horario.

Asimismo, los permisos son gravosos y persiguen un fin recaudatorio, y no hay transparencia en cuanto al dinero recaudado proveniente de los permisos.

Aunque hasta el momento se desconoce cuántos empresarios se han sumado a este medio de defensa procesal, fuentes confiables aseguran que cada día se suman más dueños de negocios, tanto del estado de Monterrey como de otras entidades del país, como el caso de Coahuila, donde el despacho de abogados V Consultores ya está ofreciendo amparos para el libre tránsito por Nuevo León

El área legal de la Cámara en los últimos años ha promovido amparos en contra del aumento del 50 por ciento del impuesto sobre nóminas, la obligación de llevar contabilidad electrónica, la limitación de deducciones (Nueva Ley del ISR) y el alza en los precios del gas.