Pablo Rodríguez Regordosa, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, del Congreso del Estado, avaló la millonaria inversión del Gobierno del Estado en la armadora Audi, bajo el argumento de que lo que se requiere en Puebla son inversiones y empleos.

El legislador panista desestimó la investigación periodística que reveló que la administración de Moreno Valle ha invertido 10 mil millones de pesos, al señalar que “no hace caso a filtraciones”.

El también ex secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) no supo explicar a cuánto asciende la inversión del Gobierno del Estado en San José Chiapa para la operación de la armadora alemana, sin embargo, subrayó que ha traído beneficios para el estado.

La gente lo que busca es empleo. Estoy de acuerdo en que el estado invierta para asegurar que más ciudadanos puedan tener empleos. Celebro que más de 16 mil familias tengan un ingreso ordenado, remunerador gracias al esfuerzo del estado de atraer inversiones”, expuso.

Festejó que la obra esté casi lista y se ofrezcan empleos, pues sostuvo que esta es una de las prioridades que debe atender un gobierno.

La periodista Socorro López Espinosa publicó en su columna Balance Financiero los términos del convenio entre el gobierno estatal y la armadora Audi, en los que el primero se compromete a una inversión de 10 mil millones de pesos para garantizar su instalación.

Al respecto, Pablo Rodríguez sostuvo que se reserva sus opiniones sobre una “filtración”, además de que puso en duda la legitimidad de la copia del contrato que publicó la reportera.

“Entiendo que hablas de una filtración. No he podido ver esos documentos, dudo que sean legítimos. No faltaría quien inventara cosas y luego quisiera hacer escándalo”.

Incluso justificó que los términos del contrato no se hayan dado a conocer debido a que existe una cláusula de confidencialidad.

E-consulta publicó este miércoles que el Congreso de Puebla también aprobó condonar a Audi el pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN) por 12 años y autorizó que la administración estatal tome el control de los servicios municipales y la expedición de licencias de construcción en cinco municipios de la región por 30 años.