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Gobierno
Contraloría municipal inhablitó a 10 funcionarios y 2 empresas
Por irregularidades administrativas y abuso de autoridad, las sanciones
Un total de 10 servidores públicos y dos empresas fueron inhabilitados por la Contraloría del municipio de Puebla durante 2015, por actos como irregularidades administrativas y hasta abuso de autoridad.
Así lo reveló el titular de la dependencia, Rodolfo Sánchez Corro, durante la comparecencia que este lunes tuvo ante integrantes del Cabildo capitalino, como parte del segundo informe de labores de la actual gestión municipal.
El contralor explicó que el año pasado fueron inhabilitados 10 funcionarios públicos, entre analistas, jefes de departamento, jefes de sector, personal de las juntas auxiliares y policías municipales, por incurrir en faltas como errores administrativos, incumplimiento en sus funciones y hasta abuso de autoridad.
El periodo más amplio de las inhabilitaciones que la dependencia estableció abarca dos años.
En total, la dependencia a su cargo estableció 44 sanciones en contra de igual número de servidores públicos, de las que, además de las 10 inhabilitaciones, 8 fueron amonestaciones privadas y 7 públicas, 5 sanciones económicas, 4 suspensiones y 10 destituciones.
La Contraloría también recibió 168 quejas en contra de servidores públicos, de las que 80, que representan el 47 por ciento, corresponden a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).
Inhabilitan a constructoras
En otro tema, Sánchez Corro informó que inhabilitaron a las empresas Grupo Constructor Camelot de Puebla S.A. de C.V. y Mandorla Diseño y Construcción S.A. de C.V., la primera por presentar documentación falsa al inscribirse al padrón de contratistas, y la segunda por cambiar las especificaciones en la ejecución de una escalinata en la Unidad Habitacional La Margarita, anomalías que ya fueron subsanadas.
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Recibe comuna 4 recomendaciones de la CDHEP
En otro punto, el contralor informó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) Puebla dirigió a la comuna tres recomendaciones y una queja durante 2015, las cuales involucraron a 30 servidores públicos.
Las tres recomendaciones tuvieron que ver con el desalojo que policías municipales ejecutaron en contra de estudiantes que se manifestaron en el zócalo capitalino, mientras que la queja se refirió a una detención ilegal que realizaron efectivos municipales.