Piden senadores del PRI solicitar alerta de género para Puebla

En lo que va del 2016, 16 feminicidios se han registrado en Puebla, reveló un seguimiento hemerográfico del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) presentado este jueves por el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República.

Los senadores del PRI pidieron a la autoridad considerar que se emita una alerta de género con el fin de que se prevengan más feminicidios.

El informe revela que la discriminación y la violencia que viven las mujeres persisten en la entidad, lo que ha generado un ambiente misógino y de riesgo para todas las mujeres. Los asesinatos en contra de las mujeres se sucedieron a partir del pasado 5 de enero.

Entre los 16 casos que el Observatorio registró en su informe se encuentran: Brenda Tlatelpa Mora, de 20 años; Modesta Flora Tapia, de 70 años; Adriana S., de 17 años; desconocida, de entre 20 y 30 años de edad, quien murió en Huachinango el 21 de enero y Ángeles Leyva Pérez de 41 años de edad.

Asimismo, se encuentran los casos de María Balbuena Guerrero, de 35 años de edad, quien fue golpeada y asfixiada en Acatlán de Osorio; Manuela Jiménez Acatla, de 77 años de edad, quien murió tras ser estrangulada con un lazo en el municipio de Chiconcuatla; Hermelinda Padilla López, de 37 años edad, quien murió apuñalada en una fiesta familiar en Tepatlaxco el 1 de febrero, y Nancy Cancelo, de 28 años, quien falleció tras ser golpeada por un hombre de 31 años de edad en San Martín Texmelucan.

Otro de los casos es el de la periodista veracruzana Anabel Flores, quien fue encontrada sin vida en un paraje en Palmar de Bravo el pasado 8 de febrero. Además, se encuentra el caso de Laura Rodríguez Chauvire, de 54 años de edad, en Puebla; Ingrid Vázquez Sánchez, 25 años, en Puebla, y Maribel Hernández Martínez de 29 años de edad.

El feminicidio más reciente y que conmocionó a los poblanos fue el de Samai Márquez Salgado, de 25 años de edad; quien murió por un impacto de arma de fuego en la cabeza. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, encabezada por Víctor Carrancá, Samaí Márquez presuntamente fue asesinada por su novio, Rafael Portillo Abundis, tras enterarse que estaba embarazada.

Lo anterior se suma a los 50 feminicidios registrados en 2015 por la misma organización.

Exhorta Senado al gobierno estatal informar casos de feminicidios

El Grupo Parlamentario de Senadores del PRI exhortó al gobierno de Rafael Moreno Valle a que informe sobre el monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad en la entidad, en lo relativo a la violencia de género.

Además, solicitó que se instrumenten acciones urgentes ante la situación que guarda dicha entidad en este tema.

Los senadores del PRI pidieron a la autoridad considerar que se emita una alerta de género con el fin de que se prevengan más feminicidios.

El documento del PRi al Senado apunta que “ (…) el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Puebla para que informe a esta soberanía sobre el monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad en dicha entidad federativa en lo relativo a la violencia de género, e instrumente acciones urgentes frente a la situación que guarda dicha entidad”.

Estado debe cumplir con obligaciones de la Ley General

Los senadores del PRI refieren que la autoridad estatal debe cumplir con las obligaciones que marca el artículo 49 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Sin Violencia.

El artículo 49 señala: “corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad de lo dispuesto en la ley y los ordenamientos locales aplicable en la materia tales como: generar políticas públicas, prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres; promover una cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia.

Generar programas de información e investigaciones sobre los casos que se presenten. También recibir de las organizaciones privadas las propuestas y recomendaciones; especializar a los agentes del ministerio público en este tema y tener un registro público sistemático de los delitos cometidos contra las mujeres.

Además, elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género y monitorear el comportamiento violento de los individuos, contando con la información que reporten las entidades federativas a través de los mecanismos para el adelanto de las mujeres”.