Las condiciones laborales han caído en la actual administración de gobierno en Puebla, pues en la industria automotriz las prestaciones bajaron para favorecer a las empresas, la informalidad subió 12 por ciento y se despidieron a casi 9 mil burócratas.

Así lo concluyeron académicos de la Facultad de Economía de la BUAP y representantes legales de los trabajadores despedidos del gobierno del estado, durante el “Foro Ciudadano sobre la Gestión de Rafael Moreno Valle”.

Industria automotriz no es salvadora

Huberto Juárez Núñez, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), expuso que si bien el 30 por ciento delas exportaciones de México tienen que ver con la industria automotriz, las prestaciones laborales van a la baja.

Durante su exposición apuntó que en la década de los ochenta los costos laborales, es decir, las prestaciones para los empleados, representaban el 10 por ciento de la producción de la VW en Puebla, un porcentaje similar al que se tiene en Estados Unidos y Europa.

Sin embargo a partir de 1992, cuando hubo un conflicto laboral donde, incluso, se encarceló a los dirigentes sindicales, el costo laboral pasó al 4 por ciento con ligeros repuntes en periodos donde hubo huelgas.

En 2011, con la llegada de Moreno Valle Rosas al gobierno, el costo bajó hasta 3.8 por ciento, lo cual representa una baja 5 por ciento con respecto a otros años, expuso Juárez Núñez.

En 2012 de los ingresos totales de VW en México fueron de 13 mil 286 millones de dólares y en ese mismo año los costos laborales fueron de 750 millones de dólares.

Precariedad del empleo

En esa misma línea, Germán Sánchez Daza, también académico de Economía de la BUAP, apuntó que en la actual administración se ha precarizado el empleo en la entidad, es decir, que hay mucho trabajo pero mal pagado y sin prestaciones de ley.

Esto favorece sobre todo a las grandes empresas, ya que el sector que se encuentra más desempleado, con más del 55.8 por ciento,es el que tiene estudios medios superiores o superiores.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) quienes ganan poco o que no trabajan tantas horas como quisieran, pasaron del 15.6 por ciento en 2011 a 17.6 por ciento para 2015.

La informalidad laboral, que significa que los trabajadores no cuentan con prestaciones laborales, es 24.7 por ciento superior a media la nacional.

Sánchez Daza también destacó que el capital -refiriéndose a las grandes empresas- no está dispuesto a pagar mejores condiciones,puesto que en los últimos cuatro años se incrementó el segmento de población que gana menos de dos salarios mínimos, para llegar a casi dos de cada tres poblanos.

Se despiden a miles

Por su parte el abogado Abelardo Cuéllar Delgado dio a conocer que el gobierno estatal viola de manera constante la Constitución mexicana, específicamente los artículos 123 y 17, que tienen que ver con la seguridad laboral, la libre asociación e independencia sindical.

De acuerdo con cifras de los propios trabajadores, suman 8 mil 915 despedidos en lo que va del sexenio, sobretodo de las áreas que tienen que ver con Seguridad -mil 737 despedidos- y procuración de justicia -711 empleados-.

En marzo de 2015 hubo un despido masivo de mil 300 trabajadores y a los burócratas que tenían de 25 a 30 años de servicios se les dijo que sus plazas de base quedarían congeladas por reducción del petróleo.

Intervención en sindicatos

Cuéllar Delgado también manifestó que al menos en seis ocasiones el gobierno poblano intervino para imponer a dirigentes en los sindicatos o desapareciéndolos, como es el caso de Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla(Sitracobp) y Sindicato Único de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano.

Además de que impuso a gente cercana en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, así como en el Sindicato del ISSSTEP.

Otra cuestión es que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) aplaza los juicios tramitados por los exburócratas, con recursos como enfermar o despedir a los funcionarios que llevan los casos.

Aunque el litigante confió que al fin y al cabo se tendrán que pagar laudos millonarios con el erario público, hizo un llamado a todos los poblanos a defender sus derechos laborales porque con la Reforma Laboral podrían pasar por las mismas condiciones.