Una vez más la violencia ocasionada por el narco castiga a los veracruzanos.

En lo que va del año se han registrado más de 90 ejecuciones presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada en 30 municipios de la entidad gobernada por el priista Javier Duarte, según cifras del Ejecutómetro de Grupo Reforma.

Además, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan en el mismo estado 350 víctimas de homicidio doloso de enero a agosto de este año, lo que representa más de 40 cada mes.

Tan sólo el 21 y el 22 de septiembre fueron ejecutadas 11 personas en los municipios de Córdoba, Amatlán de los Reyes, Iztaczoquitlán y Mariano Escobedo.

Según una nota del periódico Reforma, el pasado fin de semana fueron hallados los cadáveres de dos familiares del cineasta Alejandro Gómez Monteverde en el municipio de Pueblo Viejo, en los límites con Tamaulipas, después de haber sido secuestrados en Tampico.

El crimen causó repudio e indignación en redes sociales.

Las autoridades han documentado también el hallazgo de cuerpos en diferentes fosas clandestinas.

El 11 de septiembre, por ejemplo, nueve osamentas fueron encontradas en una fosa en el municipio de Alvarado.

A inicios de abril, otros cinco cuerpos fueron exhumados de una fosa en un predio cercano al puerto de Veracruz. Y el 28 de abril, los cadáveres de dos trabajadores de la CFE fueron hallados en otro cementerio clandestino en Cosamaloapan.

Además, en diferentes puntos de la entidad se han registrado enfrentamientos armados y ataques a las fuerzas de seguridad.

En junio, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundió un comunicado en el que aseguraba que en el puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín ya no operaban Los Zetas y advirtió una "limpieza" de ese grupo.

De acuerdo con documentos de la PGR y la DEA, en la entidad coexisten ambos cárteles del narcotráfico.

Esos informes refieren que Los Zetas cuentan con dos células que operan en el centro del Estado y en los límites con Puebla y con otra que tiene presencia en la zona de Poza Rica y en los límites con Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Luchan cárteles por territorio

Las indagatorias de las autoridades ubican al CJNG en la zona centro y en el sur de Veracruz.

La Policía Federal y la PGR le han adjudicado a Los Zetas delitos como secuestro, homicidios y robo de combustible.

Apenas seis sujetos fueron detenidos en agosto en la carretera Tamiahua-Tuxpan en posesión de más de 400 envoltorios con cocaína, además de armas largas. Los ahora detenidos fueron vinculados a una serie de homicidios y robo de hidrocarburos.

A partir del 13 de agosto, cuando un comando ejecutó en un bar de Orizaba a seis personas entre ellas un reportero y un presunto líder de Los Zetas, la violencia en Veracruz subió de tono.

Días antes apareció en Xalapa una manta firmada por Cárteles Unidos, Grupo Antrax, Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En ella se amenazaba a Zetas y sus aliados.

"Los vamos a ejecutar (a los Zetas)", se advirtió en las mantas, en las que se enlistó una serie de nombres y alias de quienes presuntamente colaboran con ese grupo criminal.

Los Zetas respondieron en un comunicado difundido en internet en el que acusaban al CJNG de "calentar" los municipios de Las Choapas, Aguadulce, Nachintal, Allende, Cosoloacaque, Minatitlán, Acayucan, Naranjitos y Coatzacoalcos, además de que los acusaron de cometer plagios y homicidios.

"Que empiece la cacería", amenazaron.

Expanden su presencia en Asia cárteles mexicanos

Los sindicatos latinoamericanos de traficantes de drogas están extendiéndose hacia Asia, motivadas por la creciente riqueza, por los pactos comerciales regionales que facilitan el contrabando y por los mayores márgenes de ganancias disponibles.

De acuerdo con una nota del periódico El Financiero, el crecimiento del comercio de drogas — parte importante de una economía ilícita con un valor de 100 mil millones de dólares anuales solamente en Asia Oriental — ha provocado un rápido aumento de las confiscaciones: por ejemplo, se interceptaron 254 millones de pastillas de metanfetamina en las regiones del este y sureste de Asia en el año 2013. Eso representa un aumento de ocho veces la cantidad de hace tan sólo 5 años.

Funcionarios advierten que las autoridades judiciales de los países asiáticos no están bien equipadas para lidiar con el rápido aumento de las drogas que se pasan de contrabando a través de fronteras cada vez más porosas.

“Los agentes aduanales y la policía de Asia a menudo no tienen conexiones con las Américas y no tienen idea de lo que podría afectarlos muy pronto”, dijo Jeremy Douglas, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). “No operan internacionalmente, pero están a punto de tener que hacerlo”.

Para aquellos que son arrestados, los riesgos superan los beneficios, pues la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas está vigente en muchas jurisdicciones asiáticas.

Filipinas, que ha debatido introducir la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, es el banco de pruebas para un caso importante el mes próximo, cuando el ciudadano mexicano Horacio Hernández Herrera comparezca en la corte acusado de ser un miembro de alto rango del notorio cártel de drogas de Sinaloa.

En una reunión regional en Bangkok el mes pasado, los representantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático mostraron su inquietud, argumentando que a pesar del potencial de crecimiento económico y comercial, la rápidamente creciente conectividad de la región podría dejar las fronteras vulnerables al contrabando y tráfico de drogas entre las naciones.

“Por lo tanto, es esencial el fortalecimiento de las técnicas, de la capacidad y la cooperación transfronteriza entre las agencias de seguridad portuarias y fronterizas para neutralizar los desafíos criminales transnacionales que se están desarrollando”, dijo Jakkrit Srivali, un alto funcionario del ministerio de relaciones exteriores de Tailandia.

La creciente riqueza en Asia ha provocado una elevada demanda de cocaína, y hay focos de consumo, tráfico y comercio de drogas, según un informe publicado el año pasado por la UNODC.

Autoridades de la región Asia-Pacífico han señalado al infame cártel de Sinaloa de México — cuyo cabecilla Joaquín “El Chapo” Guzmán protagonizó un sensacional escape de la cárcel el mes pasado — como un abastecedor clave.

El cártel Jalisco Nueva Generación, un agresivo recién llegado a la guerra de las drogas en México y que se hizo famoso en meses recientes por derribar un helicóptero militar, también está enfocándose en mercados en Hong Kong y Japón, según la Canacintra, la cámara de comercio mexicana.

“Los severos castigos, como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, para los traficantes de drogas arrestados en Asia se reflejan en el exorbitante precio que las drogas tienen allí”, les dijo Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente de la organización, a los medios de comunicación en México.

Las economías de la región Asia-Pacífico ofrecen márgenes de ganancias mucho mayores que los mercados tradicionales de los cárteles. En Hong Kong, un kilogramo de cocaína puede llegar a valer tres veces su precio en EU. En Australia, puede llegar a valer incluso seis veces más, según la policía y expertos.

Mientras tanto, según investigadores de delitos financieros, los cárteles estudiarán minuciosamente los acuerdos comerciales regionales, como el histórico Acuerdo de Asociación Transpacífico, en busca de pistas acerca de la liberalización de ciertas rutas o la reducción de aranceles sobre ciertas mercancías, las cuales se podrían utilizar para esconder contrabando y apoyar la repatriación de las ganancias del contrabando mediante el comercio.

“Todo lo que incremente el volumen del negocio, la eficacia del negocio, también va a incrementar la oportunidad de los criminales para mover sus productos y lavar el dinero”, dijo Bill Majcher, quien trabajó con fuerzas policiales federales de Canadá y EU.