Puebla, entre los que más discriminan por preferencias sexuales

México. D.F. Aunque la Constitución Política y los diversos Tratados Internacionales suscritos por México prohíben toda discriminación por preferencias sexuales, 27 entidades de nuestro país, incluido el estado de Puebla, siguen si adecuar su legislación civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Así lo advirtió la diputada de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, quien destacó que sólo el Distrito Federal, Campeche, Coahuila y Quintana Roo cumplen a cabalidad dicho precepto, al reconocer que personas del mismo sexo tienen derecho a casarse, toda vez que la finalidad del matrimonio no es únicamente la procreación.

Recordó que recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia genérica con número 43/2015 sobre matrimonio igualitario, al establecer que “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel (el matrimonio) es la procreación y/o que la defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.

En ese contexto, la legisladora recalcó que excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de contraer matrimonio, es evidentemente discriminatorio y por lo tanto viola la Constitución.

Obtendrán amparo

Derivado de dicha resolución de la Suprema Corte, los jueces de todo país están obligados a obedecer esta interpretación, ya que si a una pareja del mismo sexo la autoridad le niega la posibilidad de contraer matrimonio y acude al amparo, éste les será otorgado, advirtió.

La diputada Cerda Franco insistió en que, pese a la determinación de la Primera Sala, las parejas del mismo sexo que quieren contraer matrimonio en entidades en las que no existe un código civil que así lo permita, tienen que acudir al juicio de amparo para hacerlo, lo cual limita sus derechos.

Por ello y a nombre de su grupo parlamentario, la diputada María Sanjuana Cerda presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales que no han adecuado su legislación civil a la interpretación de la Jurisprudencia 43/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos el estado de Puebla, que lo hagan.