Colabora BUAP en capacitación de sujetos obligados ante ley de transparencia

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) colaborará con los programas de capacitación a los sujetos obligados ante la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, legislación que establece un nuevo arreglo institucional homologado.

El rector de la máxima casa de estudios del estado, Alfonso Esparza Ortiz, destacó que la BUAP mantiene una política de transparencia y acceso a la información y colaborará en las solicitudes que les hagan en la amteria.

Después de que el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, Marco Antonio Rodríguez Acosta, informó que para cumplir con la armonización de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, el poder legislativo solicitará reuniones con representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, de la CAIP y asesoría de expertos, así como el apoyo de la BUAP para la capacitación del personal de los sujetos obligados, Esparza Ortiz destacó que la institución está dispuesta a colaborar con la capacitación.

“La institución siempre está abierta al diálogo y a poder cooperar en lo que podamos. Si en este tema nos llaman, con mucho gusto estaremos colaborando”, apuntó el rector de la máxima casa de estudios del estado.

El pasado 4 de mayo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto promulgó unes la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que amplía y fortalece los mecanismos de acceso a la información que serán de carácter nacional y permitirá que no solo el gobierno federal, sino el Estado mexicano adopte el nuevo paradigma de un gobierno abierto.

Con la nueva ley, se amplía en número de sujetos obligados, incluyendo a particulares que ejerzan recursos públicos; homologa las facultades de los órganos garantes de la transparencia en todo el país con una misma norma regulatoria y amplía la garantía de la información.

A la par, se establece el principio de máxima transparencia al disminuir las causas de reserva de la información y fortalece la defensa de los ciudadanos, porque aumenta en 15 causas las posibilidades de que la población se queje de que los funcionarios le nieguen información.