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Sociedad
El Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tabasco superan a la entidad en nivel de percepción
Puebla es el sexto estado del país donde se percibe mayor corrupción, de acuerdo con el estudio "México: anatomía de la corrupción", presentado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Según el análisis, que hace referencia a la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental, del INEGI, un 91.5 por ciento de la población considera que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes en la entidad.
Además se menciona que a pesar de que de 2000 a 2013 han sido acusados 41 gobernadores por mal uso de recursos públicos, sólo 16 han sido investigados y cuatro detenidos, es decir, que hay un 90 por ciento de impunidad para estos funcionarios.
Abunda la corrupción del estado
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Según el documento "México: anatomía de la corrupción", elaborado por la investigadora María Amparo Casar, los estados con mayor percepción de corrupción son: Distrito Federal (95.3 por ciento), Jalisco (94.7 por ciento), Michoacán (92.2 por ciento), Morelos (91.8 por ciento), Tabasco (91.6 por ciento) y Puebla (91.5 por ciento).
Sin embargo en todas las entidades federativas la mayoría de la población percibe que la corrupción es frecuente. Por ejemplo, la media nacional es de 85.3 por ciento y Querétaro, que es la entidad mejor evaluada, tiene 65 por ciento.
De manera textual se menciona "En las entidades federativas de la República las percepciones varían, pero no hay estado que muestre buenas calificaciones".
Esta situación coloca al tema de la corrupción como uno de los más preocupantes para los ciudadanos. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2013) la coloca en tercer lugar con 48.5% de las menciones, mientras que la Gran Encuesta 2014 de Consulta Mitofsky lo ubica en quinto lugar.
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Las instituciones que fueron evaluadas como las más corruptas en México son: los partidos políticos (93 por ciento), la policía (90 por ciento), los servidores públicos (87 por ciento), el Poder Legislativo (83 por ciento) y el Poder Judicial (80 por ciento).
Gobernadores quedan impunes
El estudio también indica que no son eficientes los organismos y las instituciones que deben vigilar la actuación de los funcionarios públicos, ya que la impunidad existente en esta área es similar a la de los crímenes en general: de 99 por ciento.
Menciona que de las 444 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 15 años contra servidores públicos, sólo derivaron en siete consignaciones, lo que equivale a 1.6 por ciento.
En el caso de los gobernadores, revela que sólo se consignaron a cuatro de ellos, a pesar de que investigaciones indican que entre 2000 a 2013 unos 41 mandatarios fueron exhibidos por 71 actos de corrupción.
Esto representa que sólo uno de cada diez mandatarios señalados por alguna irregularidad fueron consignados.
En el estado de Puebla el ex gobernador Mario Marín Torres fue denunciado por la periodista y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho por los actos de tortura y la privación de la libertad que sufrió en 2005, esto después de publicar su libro "Los Demonios del Edén".
En contraste, en Estados Unidos, de los nueve gobernadores que fueron señalados por corruptos, los nueve fueron sentenciados.
Corrupción abarca campañas
En materia de política electoral, dice el análisis, uno de los casos más emblemáticos de la prevalencia de la corrupción es el de las campañas, pues un estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y la consultora Integralia indica que por cada peso de financiamiento público que se gasta en una campaña, hay tres pesos que no se ven ni se reportan.
Para este año el tope de campaña para un diputado federal se fijó en 1.2 millones de pesos, no obstante especialistas sostienen que el costo promedio de una campaña política es de 10 millones a 20 millones de pesos en un estado mediano.
Asimismo abunda la corrupción en las empresas, ya que el 44 por ciento admitió que realizó pagos extraoficiales a funcionarios públicos, sobre todo para agilizar trámites, así como obtener licencias y permisos.
Todas estas situaciones hicieron que México bajara 31 posiciones en el Ranking Mundial del Índice de Percepción de la Corrupción de 2008 a 2014.