Marchan en demanda de la libertad de presos políticos

Aunque el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas (FOSYP) retomará el diálogo con el gobierno del estado el próximo viernes 20 de marzo, la organización reconoció que es más factible que los presos políticos salgan de prisión a través de los amparos que han interpuesto.

Después de marchar desde la Fuente de los Frailes, en la avenida Juárez, hasta el zócalo de la ciudad de Puebla, el vocero del FOSYP, Josué Xicale, aseguró que hasta el momento no hay avance en las negociaciones para liberar a los presos políticos de Puebla, pero esperarán a ver si el viernes hay algún resultado.

"El aspecto jurídico es una vía, los amparos tienen que resolverse (...) sabemos que cuando el gobierno del estado tenga la intención de liberar a nuestros presos lo va a hacer, pero nosotros estamos agotando el proceso jurídico", aseguró el hijo y hermano de Adán y Paul Xicale, presos desde el 7 de octubre por oponerse al Parque Intermunicipal en Cholula.

Tanto los integrantes de la familia Xicale como Albino y Primo Tlachi ganaron un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito por la orden de aprehensión en su contra por el delito de motín, sin embargo aún pesa sobre ellos una segunda orden por despojo, además de motín y daño en propiedad ajena.

Asimismo se han interpuesto amparos a favor de Enedina Rosas Vélez, arrestada el 6 de abril por oponerse al gasoducto Morelos; Rubén Sarabia Sánchez, alías Simitrio, y su hijo Rubén Sarabia Reyna, líderes de comerciantes; y los mototaxistas, que luchan contra los operativos de la Secretaría de Transportes (ST).

Sigue destrucción de patrimonio

Josué Xicale aprovechó para dar a conocer que el próximo sábado se hará una ceremonia en la pirámide de Cholula, así como una cadena humana alrededor de la zona arqueológica, para protestar por las obras que realiza el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) en la zona, debido a que dañan el patrimonio histórico y cultural de los poblanos.

El representante del movimiento ciudadano por una Cholula Viva y Digna explicó que el gobierno del estado destruye los vestigios arqueológicos, porque se rascan con maquinaria los predios aledaños a la pirámide cholulteca.

"Los arqueólogos nos han advertido que a 20 o 25 centímetros del ras del piso existen ya vestigios, entonces esa actividad es una forma más de protesta ciudadana para exigir la cancelación de ese proyecto que se está construyendo", explicó el activista.

El gobierno estatal no ha informado en qué consisten los trabajos del Capcee, pero comerciantes de la zona manifestaron que se desarrolla un corredor turístico que rodee la pirámide cholulteca, donde habrá una parte peatonal y otra parte para que vehículos circulen en ambos sentidos. Mientras que el edil de San Andrés, Leoncio Paisano Arias, expuso la obra incluye una trotapista, el mejoramiento del campo de béisbol y fútbol, así como la ampliación de andadores públicos y áreas verdes.

La lucha aún no termina: normalista

Por su parte dos estudiantes de la normal rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, Guerrero, aseguraron que la lucha por la aparición con vida de sus 42 compañeros continúa y que el caso no estará cerrado hasta que den con ellos.

"Sabemos que ustedes organizaciones sociales han sido golpeadas, lo mismo está pasando en el estado de Guerrero donde organizaciones sociales (...) por eso exigimos que se respeten los derechos (humanos) como deben de ser", expuso uno de los normalistas.

Los jóvenes de Ayotzinapa marcharon con las organizaciones que conforman el FOSYP -el movimiento ciudadano por una Cholula Viva y Digna, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, el Frente Nacional por los de Abajo y el Movimiento Nacional por la Esperanza- para exigir un cese a la represión tanto en Puebla como en México.

Por su parte el exdiputado federal Gerardo Fernández Noroña criticó fuertemente las privatizaciones, primero del petróleo pero también del agua, pues hay una iniciativa en ese sentido que se discute actualmente en el Congreso de la Unión.

También la represión contra las organizaciones sociales que se oponen a los proyectos gubernamentales y contra los estudiantes, esto después de que el 19 de enero cuatro fueron detenidos durante una marcha y el 8 de febrero fueran desalojados de manera violenta del zócalo de la capital poblana.