Desde San Lázaro alertan por nuevas detenciones en Puebla

México. D.F. El gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle en Puebla ha detenido por lo menos a 111 activistas sociales, de los cuales 46 continúan en calidad de presos políticos, denunció el diputado federal del PRD, Roberto López, quien alertó que el gobierno poblano tiene listas otras 30 órdenes de aprehensión contra más activistas.

Luego de asegurar que “el gobierno de Moreno Valle es el gobierno más represor de nuestro país”, el diputado perredista adelantó que su partido promoverá ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos medidas preventivas para evitar que otros activistas sociales sean detenidos en Puebla.

En conferencia de prensa, subrayó que “hay por lo menos 30 órdenes de aprehensión que estamos seguros que el gobierno de Moreno Valle intenta ejecutar en los próximos días contra dirigentes sociales. Por lo estamos solicitando a la CNDH medidas cautelares y buscaremos que sean amparados a fin de que no sean detenidos de manera arbitraria por el gobierno del estado de Puebla”, dijo.

El diputado Roberto López insistió en la urgencia de que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja invite a una reunión de trabajo al gobernador de Puebla, “porque Moreno Valle tiene mucho que explicar sobre lo que está sucediendo en ese estado”, recalcó y exigió la renuncia del Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, Víctor Carrancá.

El legislador perredista estuvo acompañado de integrantes de diferentes organizaciones sociales poblanas, agrupadas en el Frente de Organizaciones Sociales Políticas de Puebla (FOSYPPUE), así como de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En su oportunidad, integrantes del FOSYPPUE reiteraron que el gobierno de Rafael Moreno Valle mantiene su cerrazón al diálogo, pese a intervención mediadora de la Secretaría de Gobernación federal, por lo que continúan encarcelados varios presos políticos y persiste la violación a los derechos humanos de quienes discrepan con el gobierno estatal.

“En una sociedad democrática no debe criminalizarse el derecho a pensar y opinar diferente. Y en el caso de Cholula, no se debe reprimir al pueblo por evitar la destrucción de la pirámide Chuluteca, que tiene la base más grande del mundo y en donde el INAH no ha detenido esa destrucción”, dijeron.

Por ello, hicieron un llamado al gobierno del estado de Puebla “a reconsiderar su actitud y posición. Y en ese sentido, se reanude el diálogo, para que por esta vía se resuelvan nuestras demandas políticas y sociales. Estaremos atentos a su respuesta”.

Por su parte, estudiantes del colectivo Universidad por la Educación Popular, narraron cómo el pasado 8 de febrero fueron “brutalmente desalojados con bat’s y con varillas. También fuimos secuestrados por parte de grupos porriles u organismos paramilitares del mismo estado.

“Por lo que venimos a denunciar la represión y la poca apertura tanto del gobierno estatal de Rafael Moreno Valle; como de las autoridades del gobierno municipal de Puebla, que encabeza Tony Gali Fallad; así como del rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz”.

Aseguraron que además de ser golpeados y levantados del plantón que sostenían en el zócalo de Puebla, fueron torturados psicológicamente pues en todo momento se les amenazó “con que nos iban a desaparecer como a los estudiantes de Ayotzinapa”.