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Abengoa se deslinda de pugnas por el Gasoducto Morelos
Señala que sólo tiene a su cargo dos centrales termoeléctricas en Morelos pero no interviene en Puebla y Tlaxcala
La empresa española Abengoa se deslindó de los conflictos sociales registrados en Puebla, provocados por la construcción del Gasoducto Morelos, al señalar que sólo tiene a su cargo dos centrales termoeléctricas en este último estado.
Así lo explicó la empresa a través de una carta enviada al Observatorio para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos (OBS por sus siglas en inglés) que la involucró en la construcción de la línea conductora de gas, por la que fueron encarcelados en Puebla los activistas Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez, quienes se oponen a esta obra.
En su misiva, Abengoa detalla que sólo construye una planta de ciclo combinado de 640 megawats (MW) de capacidad en la comunidad de Huexca, en Morelos, dentro del Proyecto Integral Morelos (PIM), pero asegura que no se encarga de la instalación del gasoducto en Puebla y Tlaxcala.
El PIM consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca, así como un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que atraviesa los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, además de infraestructura complementaria.
La obra fue concesionada en 2014 a tres empresas de origen español: Elecnor y Enegas para la construcción del gasoducto, y a Abengoa para la edificación y operación de las centrales termoeléctricas. El proyecto está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad con una inversión de mil 600 millones de dólares.
En diciembre pasado, el OBS –que goza de reconocimiento internacional– publicó su informe “No tenemos miedo: Defensores de los derechos de la tierra. Atacados por enfrentar el desarrollo desenfrenado”, mismo que ubica a activistas que, asegura, fueron encarcelados arbitrariamente en Puebla por oponerse al gasoducto.
El informe menciona a Flores Solís, miembro del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Puebla, Tlaxcala y Morelos, quien fue liberado por falta de pruebas el pasado 23 de enero tras estar 10 meses en prisión por los delitos de motín, extorsión, ataque a obras públicas y despojo, tras una denuncia interpuesta por personal del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).
También ubica a Enedina Rosas, quien fue detenida por robo agravado y oponerse a la ejecución de obra pública. Actualmente, la activista se encuentra bajo arraigo domiciliario pues su estado de salud se deterioró a partir de su aprehensión.
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El organismo internacional refiere que el proyecto viola los intereses de las comunidades en las que se ejecuta, pues además estas no fueron consultadas para la ejecución de la obra, pese a que afecta su salud y recursos como el agua.