El caso Chalchihuapan ya está cerrado para el Congreso

Para el Congreso del Estado el caso Chalchihuapan está cerrado debido a que el gobierno de Puebla cumplió con las 11 recomendaciones que le dirigió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aseguró Francisco Rodríguez Álvarez.

A decir del diputado del PAN, la CNDH no se ha pronunciado en contra de la administración de Rafael Moreno Valle, por lo que para el poder legislativo el tema fue atendido y se resarció el daño a las víctimas del enfrentamiento entre policías estatales y habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

“No hay una observación de algún faltante por parte de la Comisión, por lo tanto para nosotros en este momento el estatus es de que se cumplió con lo solicitado y esperaremos que haya sido solventado a disposición de la propia Comisión. Al no tener alguna postura, para nosotros está definido y atendido”, atajó Rodríguez Álvarez.

Sin embargo, Juan Pablo Piña Kurczyn, jefe de la oficina del gobernador, reconoció que el organismo autónomo todavía no da por cumplida las 11 recomendaciones que en septiembre de 2014 emitió al gobierno estatal, por las violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

Pese a lo anterior, Rodríguez Álvarez, quien preside la Comisión de Seguridad en el Congreso, sostuvo que las peticiones hechas por la CNDH están “cumplidas”, y que caso de observaciones la administración estatal tendrá la “disposición” de complementar las acciones que se sugieran.

Derivado del caso Chalchihuapan, el Congreso tiene pendiente la aprobación de la iniciativa del gobernador para abrogar la denominada “Ley Bala”, ordenamiento que emplearon policías estatales durante el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, en el que resultaron heridos habitantes de la junta auxiliar, entre ellos el menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien falleció tras ser herido en la cabeza.

Pese a cifras, niega repunte en delitos

La administración de Rafael Moreno Valle reporta una disminución en delitos del fuero común y federal, sentenció Francisco Rodríguez Álvarez, quien rechazó que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporten un incremento en secuestros y robos comunes.

Aunque el legislador reconoció que hay delitos en los que sí ha aumentado la incidencia, aseveró que hay una respuesta del 100 por ciento por parte del gobierno estatal.

En la entrevista, el panista defendió el trabajo de las autoridades estatales al señalar que durante el sexenio de Mario Marín Torres se “ocultaba” la información, situación que desde el 2011 se erradicó con la llegada de Moreno Valle a la gubernatura.

“En el sexenio marinista no había datos, se ocultaban, si nos vamos al Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin duda, porque además no lo decimos nosotros, lo dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública es de los mejores, ha disminuido, la realidad es que en el pasado no se informaba, hoy se ha dejado de simular”.

No obstante, la postura de Rodríguez Álvarez contrasta con las cifras dadas a conocer por el SNSP, instancia que en sus indicadores se reporta que los secuestros registrados en los primeros cuatro años de Moreno Valle superan a los contabilizados en las administraciones de Melquiades Morales Flores (1999-2005) y Mario Marín Torres (2005-2011).

Incluso, el delito de robo común se reporta 142 mil 77 casos, cifra que en comparación a los 121 mil 397 denuncias registradas en el sexenio pasado es mayor en un 17 por ciento.