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Sociedad
Condena las agresiones al sector empresarial, así como los bloqueos de carreteras y casetas en diversas zonas del país
Foto Agencia Enfoque
En Puebla, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur), que preside, Marco Antonio Prósperi Calderón, se ha sumado a este enérgico llamado del sector empresarial, que atenta contra el desarrollo de las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo.
Por mandato constitucional, el Gobierno Mexicano y sus instituciones de procuración e impartición de justicia, tienen la obligación de garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos, pues no debe existir cabida a la impunidad.
Organismos a nivel nacional como la Concanaco Servytur México, Coparmex, CMIC, ANTAD, así como el IMCO y el Consejo de la Comunicación, entre otros, enviaron un mensaje a los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, en el que instan a las autoridades a garantizar a la sociedad, las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio.
Recientemente, se han perpetrado ataques contra la sociedad civil, empresas, trabajadores, autoridades, policías, militares y organizaciones empresariales.
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No obstante, “[…] los empresarios hemos asumido un compromiso total con la sociedad. Seguimos invirtiendo y generamos 9 de cada 10 empleos y el 85% del Producto Interno Bruto (PIB)”, indicaron.
Garantizar la seguridad de la ciudadanía en general, de la industria, el comercio, los servicios, y el turismo, sectores de los que dependen los empleos de millones de mexicanos, es indispensable para que la economía nacional crezca y mejoren las condiciones de vida de la población.
Por esta razón, los organismos empresariales, urgieron a los representantes de los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, a “honrar su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes que de ella emanan”, sentenciaron.
“Es obligación de todos los ciudadanos respetar el Estado de Derecho y contribuir de manera activa a una cultura de legalidad”, señalaron.