Desechan tres amparos contra gasoducto; alistan impugnación

Los tres amparos contra el gasoducto Morelos interpuestos a principios de diciembre fueron desechados debido a que los jueces de distrito negaron la validez de las credenciales de elector que los sustentan, no reconocieron la representatividad de las comunidades y tampoco las afectaciones señaladas.

Así lo dieron a conocer las abogadas Patricia Montaño Flores y Marely Vélez Aguilar, quienes agregaron que los representantes de las comunidades interpondrán recursos de revisión y acudirán a instancias internacionales para impedir la realización del proyecto, mismo que afectará a 14 municipios del estado de Puebla.

El 2 de diciembre los pueblos de las faldas del volcán Popocatépetl interpusieron tres amparos colectivos contra la construcción del gasoducto Morelos, debido a los peligros que representa dicha obra en caso de una erupción y también por las técnicas de represión que han utilizado las empresas y dependencias involucradas, lo que ha derivado en el encarcelamiento de opositores.

Entre las autoridades que están señaladas en el proceso como responsables, se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como las empresas involucradas con el proyecto: Elecnor, Enagás y Bonatti, que es la constructora.

Desconocen representatividad

La representante legal de la comunidad de Nealtican, Patricia Montaño, expuso que el amparo con número 1964/2014 interpuesto en el Juzgado 11 de Distrito se desechó por no haber acreditado el interés legítimo de los promoventes.

Esto significa que los inconformes, desde el punto de vista de los jueces, no acreditaron que representan a las comunidades, esto a pesar de que se entregaron Actas de Asambleas Ejidales donde el pueblo manifiesta su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Por esta situación, la abogada planteó la estrategia legal a seguir para impugnar la decisión del juez.

Montaño Flores también representa a la comunidad de Cuacuila, donde se construye el gasoducto Tuxpan-Atotonilco, a favor de la empresa GASOMEX. En ese caso el amparo 6/2014 está detenido debido a que el Juez Primero de Distrito pidió a los interesados que publiquen edictos para emplazar a los terceros interesados.

La defensa de los pobladores alegó que los habitantes no tienen los recursos económicos para publicar edictos a nivel nacional, ya que tienen un costo de 40 mil pesos.

Para comprobarlo, el juez pidió un estudio socieconómico, mismo que se está aplicando en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y que es el motivo por el cual los pobladores no han asistido, pues temen ser detenidos.

Niegan validez de credenciales de elector

Marely Vélez, representante legal de Atlixco y San Felipe Xonacayucan, explicó que en el proceso 1881/2014 fue negada la suspensión provisional del gasoducto Morelos por no acreditar el domicilio de los promoventes, aunque se entregaron las copias de las credenciales de elector de los habitantes.

En cuanto al amparo 1877/2014, de la comunidad de Xonacayucan, se negó la representatividad de Lucina Quintero Rosas de la comunidad, a pesar de que su madre, Enedina Rosas Vélez, es la comisariada ejidal del lugar y fue presa el 6 de abril por su oposición el gasoducto, además de que se presentó un Acta de Asamblea Ejidal donde se le avala.

Ante esta situación, ya promovió un recurso de revisión y también está armando otros amparos para nuevas comunidades. En caso de que esa estrategia no funcione, recurrirá a instancias internacionales.

Inequidad en impartición de justicia

Las abogadas alegaron que las decisiones de los jueces no han sido imparciales y objetivas, además de que desconocen el riesgo que representa el gasoducto para las comunidades.

El Centro Universitario de Prevención de Desastres (Cupreder) sostuvo que el gasoducto aumentaría el grado de peligro que ya existe en las comunidades cercanas al volcán, puesto que han encontrado en las huellas geológicas que en anteriores erupciones se depositó material volcánico en las Cholulas, Huejotzingo y Atlixco, por lo tanto el perímetro de riesgo sería más amplio.

Los investigadores del Cupreder han dicho que sería muy riesgosa la instalación, ya que no se puede predecir la actividad del Popocatépetl, que hasta el momento sólo ha tenido flujos piroclastos de baja y mediana intensidad, y también porque no se tiene conocimiento amplio del proyecto.

Indicaron que muchos de los afectados directos están siendo amenazados, tanto por las autoridades como por las empresas para que no se amparen.

Buscarán desvanecimiento de pruebas

Respecto al proceso legal contra Enedina Rosas, apresada bajo los cargos de robo agravado contra un trabajador de la constructora del PIM, Vélez Aguilar dio a conocer que la defensa promovió un incidente de desvanecimiento de pruebas.

El argumento que presentarán es que en la averiguación previa se señala que el activista Juan Carlos Flores Solís, arrestado del 7 de abril, le ordenó a Enedina robar dos celulares a José Alí Reyes, trabajador de Bonatti, sin embargo ese día él se encontraba en una reunión en la Secretaría General de Gobierno (SGG).

La litigante dio a conocer que su compañero Óscar Martín Rojas iría a los juzgados para que le notificaran cuándo tendrían la audiencia por este nuevo incidente.