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Sociedad
Considera que se pretende dejar en “reserva” el caso de violaciones a los derechos humanos de pobladores de esa junta auxiliar
La fiscalía especial que el gobierno del estado creó para atender el caso de San Bernardino Chalchihuapan pretende dejar en “reserva” el caso de violaciones a los derechos humanos de pobladores de esa junta auxiliar, ya que hasta ahora la investigación no arroja avances.
Así lo denunció Vladimir Luna Porquillo, quien forma parte de la defensa jurídica de los habitantes de esa comunidad, quien anunció que promoverá recursos para impulsar la resolución del proceso.
El 11 de septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) giró al gobierno del estado una recomendación pues encontró que policías estatales violentaron las garantías individuales de los pobladores de Chalchihuapan, al desalojarlos de la autopista México-Puebla mientras realizaban una protesta, hecho en el que fue herido fatalmente el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
En entrevista, el litigante señaló que desde que el 17 de octubre la administración estatal dijo a través de un comunicado que había cumplido las recomendaciones de la CNDH, pero hasta ahora los afectados no han sido informados sobre el avance en las investigaciones del caso.
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Recordó que ante la fiscalía los agraviados presentaron una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por las lesiones que sufrieron, entre ellos José Luis, a quien el golpe que recibió con una lata de gas lacrimógeno le costó la vida, sin embargo no han sido informados sobre el estatus que esta guarda.
Luna Porquillo presumió que el retraso en el caso obedece a que la fiscalía –que depende del procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget–, pretende declarar como “reservada” la indagatoria, pues el Ministerio Público tiene facultades para ello.
De esa forma, la PGJ decidiría cuando reabrir el expediente, hecho que lamentó pues a decir del tratamiento que el gobierno del estado ha dado al caso, se presume que este no se resolverá.
“El retardo no es normal, es parte de dar carpetazo y dejarlo no como archivo porque la ley prohíbe que se archive una averiguación previa, pero sí en reserva, es decir, que en cualquier momento la pueden abrir o cerrar, son facultades del Ministerio Público”, detalló.
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Debe recordarse que la administración estatal informó que seis elementos de seguridad pública que participaron en el desalojo fueron aprehendidos, sin embargo, ha reservado los nombres de éstos pese a que terceros se los han requerido a través de solicitudes de información formales.
En contraste, el viernes pasado la Policía Ministerial detuvo al alcalde auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, a quien se le acusa de haber lastimado a los policías durante el desalojo y de ser probable responsable de la lesión que recibió Tehuatlie Tamayo.