Misión internacional lamenta prisión de opositor a Gasoducto

El megaproyecto impulsado por la empresas trasnacionales Bonnati SPA y Abengoa, entre otras pondría en riesgo a poblaciones enteras de los estados de Morelos y Puebla que se ubican a las faldas del volcán Popocatépetl.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), a través de su Coordinador Antonio Lara, compartió con la Misión Internacional de Observación Civil, que visita México desde el 9 y hasta el 14 de noviembre, documentación y testimonios recabados por la OSC sobre la oposición de los pueblos al Proyecto Integral Morelos.

En el marco de la campaña #HazQueSeVean, 11 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, sostendrán reuniones con representantes de la sociedad civil mexicana para conocer y documentar los distintos casos paradigmáticos de violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Durante el encuentro, Antonio Lara, defensor parte de la campaña #HazQueSeVean, se refirió en particular al encarcelamiento del defensor Juan Carlos Flores Solís, quien lleva en prisión los últimos 7 meses, lo que ha obstaculizado la labor de defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Las integrantes de la Misión de Observación manifestaron su preocupación ante la situación que viven los Defensores de Derechos Humanos encarcelados y obstaculizados en su labor de defensa de la dignidad de las personas y los pueblos. Anunciaron que al finalizar la Misión, darán a conocer los resultados preliminares de la visita para posteriormente elaborar un informe final que será publicado en 2015.

La Misión de Observación está integrada por cinco mujeres expertas independientes de América y Europa: Angelita Baeyens, abogada del Centro Robert F. Kennedy Para la Justicia y los Derechos Humanos en Washington, D.C.; Tarcila Rivera Zea, periodista y presidenta de Chirapaq (Centro de Culturas Indígenas del Perú), que cuenta con más de 25 años de trabajo por los derechos de los pueblos indígenas; Elvira Domínguez Redondo, abogada y doctora en Derecho, profesora de la Universidad de Middlesex (Londres, Reino Unido); Rosario Figari Layús, socióloga de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Conflicto y Violencia (IKG) en la Universidad de Bielefeld en Alemania, y Eleanor Openshaw, abogada y coordinadora de incidencia regional para el ISHR en Nueva York.