No se puede repetir otro 9 de julio, señala académico Ibero

Son evidentes las contradicciones del discurso oficial y las irregularidades en la investigación respecto al caso Chalchihuapan, aseguró Gerardo Martínez Águila, responsable del Programa de Derechos Humanos del Instituto Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla.

Asimismo comentó que no se puede permitir que vuelva a suceder un acto como el del 9 de julio, cuando policías estatales desalojaron de manera violenta a manifestantes, dejando como saldo un niño de 13 años herido de muerte y decenas de heridos.

Las declaraciones del académico se dan en el contexto de que la CNDH reconoció el cumplimiento parcial de las recomendaciones emitidas al gobierno estatal, por el desalojo violento de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

CNDH no está exenta de culpa

Durante una entrevista, el especialista en derechos humanos comentó que si bien hubo "contradicciones evidentes" en el discurso del gobierno estatal en el caso Chalchihuapan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no queda exenta de culpa por los hechos, ya que no observó las múltiples "irregularidades".

En ese sentido llamó a los ciudadanos a informarse sobre sus derechos para exigir su cumplimiento, así como al gobierno estatal y a los diputados locales a que se den cuenta de que sus decisiones afectan a los ciudadanos.

Para el investigador de la Universidad Iberoamericana Puebla, sin importar cuáles sean las demandas de los pobladores -llámese registro civil, agua, proyectos en la Sierra Norte o gasoducto- el gobierno estatal tiene que abrir las puertas del diálogo.

"No se puede permitir que vuelva a pasar algo como Chalchihuapan, en el sentido de que el uso de la fuerza pública sea la vía para resolver los problemas", dijo Martínez Águila.

Cumplimiento parcial de recomendaciones

Las omisiones de la CNDH respecto al caso no se limitan a que en las recomendaciones se excluyeron al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y al procurador Víctor Carrancá Bourget, sino también a que no ha garantizado el cumplimiento cabal de sus propias disposiciones.

La propia comisión nacional admitió en un documento, cuyo folio es el CNDH/6VG/DGVGDH/012/2014, que el gobierno poblano ha dado cumplimiento parcial a las once recomendaciones que emitió el 11 de septiembre y que tuvieron que ser cubiertas el 24 de octubre.

El documento enviado a Elia Tamayo Montes, madre del menor que falleció en el desalojo, y a otros afectados indica que en respuesta a la recomendación el gobierno estatal destituyó a nueve funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, aplicó una amonestación pública -aunque no se dice que fue al titular de la dependencia, Facundo Rosas Rosas- y multas a cada uno de ellos.

En cuanto a las disculpas públicas, el Ejecutivo poblano informó que se realizó un evento el 17 de octubre al cual estuvieron invitados los pobladores de Chalchihuapan, pero omitió decir que no fueron porque la notificación les llegó sólo dos horas antes.

En dicho acto se les iban a dar a conocer los procedimientos para la reparación de los daños, por lo cual tampoco se ha cumplido en este aspecto.

Sólo ciudadanos resolverán el problema

Cuestionado sobre que la Ley Bala, que fue aplicada en Chalchihuapan, no será abrogada por el Congreso estatal, el académico dijo que le corresponde a la ciudadanía exigir respeto a la libertad de expresión y libre protesta, pues aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está sabedora del caso, dará una recomendación general para México.

Cabe mencionar que el pasado 30 de octubre el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social llevó nueve leyes en los estados que criminalizan la protesta social ante la CIDH, además de que mencionaron que como consecuencias de su aplicación la Ley Bala en Puebla murió el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.