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Política
El ex funcionario estatal reapareció de forma pública en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP
Alfredo Arango García, secretario de Salud en la última etapa del sexenio marinista, sostuvo que está tranquilo, en paz y con la cara limpia a casi un año de su libertad, luego de que estuviera preso durante dos años acusado por el gobierno morenovallista de enriquecimiento inexplicable.
El ex funcionario estatal reapareció de forma pública en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP al desayunar en el restaurant Casa de los Muñecos en compañía de sus familiares, lugar en el que permaneció por más de dos horas, al mismo tiempo en que se desarrollaba en el inmueble la toma de posesión de las dirigencias estatal y municipal del PRI.
Arango no quiso señalar si fue un "chivo expiatorio" por su detención y encarcelamiento durante dos años, luego que el gobierno estatal actual le decomisara bienes por más de 79 millones de pesos.
"Estoy tranquilo y con la cara limpia", expresó brevemente a la prensa, sin decir si continua siendo priísta y si regresará a la vida pública o política en el siguiente proceso federal de 2015 para elegir candidatos a diputados federales.
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Alfredo Arango abandonó el centro penal de San Miguel el 28 de diciembre de 2013, tras pagar una multa de un millón y medio de pesos por una pena conmutable de cuatro años en prisión, tras ser acusado y procesado del delito de enriquecimiento ilícito de más de 54 millones de pesos.
Luego de pasar dos años encarcelado, Arango fue sentenciado a cuatro años de prisión por el Juez Octavo de lo Penal, Celestino Martínez, lo que permitió que pudiera conseguir su libertad mediante la conmutación de la pena.
El ex funcionario fue detenido el 12 de enero de 2012 por el delito de enriquecimiento ilícito de más de 54 millones de pesos por su paso en la administración pública.
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Asimismo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) le decomisó aproximadamente 30 propiedades valuadas en 79 millones de pesos.
En el olvido proceso en el Congreso
Meses después, la Comisión Inspectora del Congreso local inició un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en su contra, por un daño de ocho mil 464 millones de pesos al erario de Puebla, aparte del proceso penal por el que estuvo preso.
El anterior Órgano de Fiscalización Superior le encontró 225 irregularidades, en agosto de 2012, que no fueron solventadas en su cuenta pública de 2010 como secretario de Salud, en el último tramo de la pasada administración estatal.
De esas, 39 correspondían a deficiencias administrativas por 1 mil 805 millones, y 186 en daño patrimonial por un monto de 6 mil 658 millones.
De entre estas últimas, destacaba una por 1 mil 585 millones de pesos por bienes patrimoniales no inventariados; otra por 18.6 millones de pesos por equipo médico y de laboratorio adquirido con precios inflados a los proveedores Villa Castel Industrial, Grupo Marbot y Suministradora Silicius; y una más, por 118 millones por falta de documentación comprobatoria de obras de mantenimiento y conservación de inmuebles, licitaciones amañadas o adjudicaciones fuera de norma.
Sin embargo el proceso en el Congreso no concluyó.