Inspectores de Normatividad y policías recibían cuotas de 4 ó 5 mil pesos para no clausurar el restaurante-bar
Staff
Viernes, Septiembre 19, 2014
La tarde de este viernes fue clausurado el restaurante Valhalla Rock Bar & Grill, ubicado sobre el bulevard Sánchez Pontón, en Plaza Dorada, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El negocio tiene como propietarios a José Antonio Meyer Ferniza y a Iván Muñoz.
En el establecimiento, que los fines de semana se atiborra de jóvenes en edad universitaria, se colocaron sellos de clausura de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del ayuntamiento de Puebla.
En el operativo, al filo de las 19 horas, participaron cerca de 40 elementos, según Malú Ferniza, madre de uno de los propietarios y quien denunció que su hijo ha sido víctima de extorsiones de inspectores municipales de Normatividad y Medio Ambiente, así como de policías que cada 20 días exigían una cuota de 4 o 5 mil pesos para no clausurar el restaurante bar.
En el momento de la clausura, agregó la también periodista retirada de sociales, había comensales en tres o cuatro mesas de las 35 que tiene el establecimiento, localizado en bulevard Sánchez Pontón 416.
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Malú Ferniza aseguró que su hijo y el socio de éste han solicitado una reunión con el presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, pero que ante la negativa de este para recibirlos, lo más probable es que el día lunes publiquen un desplegado expresando no sólo su inconformidad por la clausura, sino por las extorsiones de que han sido víctimas por parte de inspectores municipales en los 6 meses que lleva el restaurante bar.
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H. Puebla de Zaragoza a 20 de septiembre de 2014
Estimado Eduardo te comparto la información completa para dar claridad a tus lectores en relación a la clausura del Bar Valhalla Rock ubicado en: BOULEVARD SÁNCHEZ PONTÓN NO. 416 COL. ANZURES, donde dicha acción se realizó con apego a la ley, toda vez que el establecimiento fue objeto de denuncias ciudadanas por el ruido excesivo que generaba.
Desde la primera visita circunstancial, se estableció de manera presencial y por escrito que el restaurante registró un exceso en los decibeles permisibles establecidos por la NOM-081-SEMARNAT-1994 los cuales alcanzaron 81.4 decibeles permisibles, cuando la Norma Oficial señala que en el horario matutino el límite son 68 decibeles, y en el horario nocturno el límite es de 65 decibeles.
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A pesar de que el establecimiento tenía conocimiento de ello y se informó de igual manera por escrito que debía cumplir con las medidas de mitigación, entre ellas cambiar las bocinas para no exceder los decibeles permisibles, no se llevaron a cabo por lo que se procedió a aplicar una sanción económica de 175 salarios mínimos y en un lapso de 15 días debían realizar el pago.
Al no realizar dicho pago, el departamento de Normatividad Ambiental adscrita a la Dirección de Medio Ambiente procedió a la clausura del bar, en el cual se contó con el apoyo de 5 elementos de seguridad, tal y como se realiza en cada operativo, a fin de evitar cualquier agresión que pudiera generarse durante el cierre de los establecimientos.
Una vez que cumplan con el pago de la multa, se retirarán los sellos aunque esto no los exenta de que más adelante se realicen supervisiones en el lugar y en caso de incurrir nuevamente, se procederá a la clausura definitiva del establecimiento.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
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Comunicado
Con relación al comunicado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla justificando la clausura legal del Restaurante-Bar Valhalla el pasado viernes 19 de septiembre, me permito dar a usted las siguientes precisiones:
En efecto, como lo señala el comunicado, la primera visita realizada por personal de la Dirección de Contaminación Ambiental al Restaurante-Bar Valhalla fue sólo de rutina. En ella solamente se informó sobre la necesidad de reducir los decibeles para no rebasar lo establecido por la normatividad. Se nos señaló también que para no ser sancionados, debíamos llevar a sus oficinas un plan específico que buscará cumplir con lo establecido.
El plan se entregó en tiempo y forma en las oficinas de esa dirección, donde los servidores de esa oficina aceptaron las adaptaciones dando una prórroga de15 días para la implementación de dicho plan. Al cabo de ese tiempo se nos informó que nos visitarían nuevamente nuestro establecimiento para verificar el cumplimiento.
El plan consideró cerrar las puertas y ventanas del restaurante-bar al momento de la presentación de la banda en vivo, porque este es el momento de mayor emisión de decibeles. Asimismo, se propuso el uso de ventiladores para evitar el calor interno, implementar trampas de graves para reducir los tonos más altos, colocar más plafones de fibra de vidrio para disminuir el rebote de las ondas sonoras, cambiar las bocinas, mezcladora y sistema de audio en general. Contamos con fotografías y facturas del sistema de audio.
La visita siguiente fue realizada un mes después, en donde no se respetó la propuesta de cerrar puertas y ventanas para evitar el ruido hacia el exterior. Los funcionarios hicieron la medición a puerta y ventanas abiertas, cerca de la puerta y mientras pasaban camiones y llovía fuertemente en el exterior. A pesar de nuestros argumentos, se nos impuso una multa por la cantidad de 11 mil pesos.
Posterior a ello, contactamos a un abogado, el cual redactó una carta donde se solicitó la cancelación de la multa por considerar que la operación no se realizó con apego a la normatividad y respetando las propuestas hechas por los propietarios. Se nos indicó que ingresáramos el escrito en las oficinas de la Dirección de Contaminación Ambiental ubicadas en el Edificio Empresarial. Sin embargo, el personal de recepción al mostrarle el documento nos respondió que ese tipo de cartas no debían ser entregadas ahí, sino en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. Asistimos a esas otras oficinas, donde se entregó el documento. No quisieron sellar de recibida la solicitud y no se nos dijo nada al respecto.
Esperamos un tiempo prudente y una respuesta por escrito. Sin embargo, contra cualquier principio de derecho no se respondió la petición a la que apelábamos en dicha carta. Tampoco se reconoció haber recibido un escrito al respecto.
En el operativo realizado el pasado viernes 19 de septiembre, se mostró a los funcionarios copia de dicha carta. Ellos, que en todo momento apelaron actuar con base en la normatividad, desconocieron la solicitud bajo el argumento de que debimos haber presentado la carta en la Dirección de Contaminación Ambiental y no en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Ello, como les explicamos, no fue equivocación del establecimiento en cuestión, sino de la mala información de las autoridades al momento de entregar dicha carta. Si hablamos de apego a la normatividad, alguien no cumplió con su responsabilidad y ello está afectando nuestro legítimo derecho al trabajo.
En el momento del operativo de clausura, un bar situado a escasos metros de nuestro establecimiento, tenía un excedente muy notorio de decibeles. Sin embargo, las autoridades se excusaron diciendo que los irían a checar en cuanto terminaran con nosotros. Al término del operativo, ya no asistieron a los demás recintos de la zona señalando el pretexto de la lluvia y la mala medición que puede hacerse en esos casos.
Cabe destacar que el operativo se llevó a cabo a las 6 de la tarde, con lujo de prepotencia y con la presencia de policías armados que en todo momento amenazaron con sus armas de alto poder. El comunicado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad señala como preventivo este protocolo, lo que denota el poco respeto que existe hacia el ciudadano. En ningún momento opusimos resistencia y, sin embargo, cuando llamamos por teléfono al Ayuntamiento ningún funcionario responsable estaba en sus oficinas para atender nuestra inconformidad.
Los servidores públicos en todo momento señalaron que su acción estaba fundamentada en quejas de los vecinos. Sin embargo, no evidenciaron el motivo de las mismas y se limitaron a señalar los derechos de los vecinos. No obstante, nunca se tomaron en cuenta los nuestros y los de las personas asistentes al lugar.
Las personas que permanentemente hablan por teléfono al Ayuntamiento para quejarse de los negocios de la zona están perfectamente identificadas. Son dos vecinas de un edificio de la colonia San Baltazar Campeche, cuando nuestro negocio se ubica en la colonia Anzures. En su momento nos fueron solicitadas para el trámite de Uso de Suelo firmas de vecinos conformes con el negocio, por lo que argumentar quejas anónimas para clausurar un restaurante-bar nos parece excesivo.
En las últimas semanas hemos recibido en el inmueble distintos operativos, todos ellos con el argumento de quejas de los vecinos. Ya se verificó que no hay venta o consumo de drogas, que no se toca “música satánica” y que las personas que asisten a ese lugar son tan honorables como cualquier otra. Esto es un acto de discriminación que afecta nuestros derechos y procede de personas prejuiciosas y de mala fe que no puede ser solapado por la autoridad.Restaurante-Bar Valhalla