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Seguridad
Directivos y reos del penal de San Miguel estarían coludidos en la venta de alcohol, drogas y la introducción de celulares, denuncian
Custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel temen que en cualquier momento estalle un motín o se produzca una fuga masiva de reos, ante la ingobernabilidad que hay en el penal con el aumento de corrupción de los mandos, el ingreso de armas de fuego y la distribución de droga y alcohol.
Los vigilantes, identificados ante este medio aunque solicitaron la gracia del anonimato, explicaron a e-consulta que su temor se debe a que cada vez crecen más las inconformidades entre los internos, dado que les aumentan las cuotas o les quitan negocios para dárselos a otros que "doblan" los costos de los permisos.
Denunciaron que estos casos crecieron desde hace más de un año, tras la llegada de la ex directora del penal Lilia Verónica Cruz León, el subdirector Miguel Ángel Matamoros Espinoza, que su clave es 'Bravo 0 ', y el coordinador de Seguridad, de nombre Mario o 'Beta 0'; éstos últimos presumiblemente vienen de penales del Distrito Federal.
Con la complicidad de otros mandos, algunos custodios y prisioneros —a quienes se les ha otorgado poder dentro del penal— se encargan de cobrar las cuotas a los reclusos que tienen teléfonos celulares y a quienes venden las drogas y el alcohol, por lo que todo el dinero es repartido entre ellos mismos, y una parte al parecer se les entrega a los altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
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Arman red interna
Los denunciantes acusaron que, además de 'Beta 0' y 'Bravo 0', los jefes de seguridad del Cereso que forman parte de la red de corrupción son los comandantes con clave 'Oro 1', identificados como Víctor Hugo Rosales, José Juan Godínez Acosta y Ángel Morales.
También fueron señalados 21 oficiales que están asignados al cobro de cuotas y que fueron designados directamente por los mandos, pues cuentan con años de experiencia haciendo lo mismo en el penal, motivo por el cual nunca han sido removidos o comisionados a otros Ceresos.
Éstos son:
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-José Luis Hernández Cházari, apodado "El Cházari", quien es señalado como el principal encargado de los cobros. Es el que tiene la orden de avisarles a los internos cuando va a haber operativos de revisión.
-Roberto Reyes Saynos, "El Billy".
-Ubaldo Rodríguez Ramírez, "El 104".
-Gil Flores Arriaga, "El Padrino".
-Rubén Franco, "El Castor".
-Adalberto Velasco Reyes, "El Guacho" o "El 4".
-Humberto Bonifacio Orta, "El Chinicuil".
-Javier Flores Martínez, "La Parkota.
-Marco Antonio Arce, "El Payasito".
-Alejandro Cervantes, "El Pinpón".
-Jaime Aparicio, "El Destancia".
-Alfredo López Pacheco, "El Charmín".
-Rodolfo, alias "El Chancho".
-Jaime López, "La Parkita".
-El Supervisor o "El Quecholac".
-Guillermo Gómez Murillo, "El Chapulín Colorado".
Asimismo, los oficiales de apellidos Mijares, Galy, Fausto Velázquez conocido como "El 33", David Amador "El Súper" y Mauricio Ortega "El Pecho", a quienes se les acusa de haber provocado la muerte del interno Héctor Andrés Villagrán Ovando, de 45 años de edad, alias “El Chileno”, al cual le dieron una paliza un día antes, en noviembre de 2012.
Para poder operar y comunicarse entre ellos, a todos se les entregó un teléfono celular de uso exclusivo, pese a que está prohibida la utilización de los mismos dentro del reclusorio.
Altas cuotas semanales por droga
Las fuentes consultadas señalaron que el interno Efrén Carrizales Terriquez tenía la concesión de la venta de droga dentro del Cereso, en donde ahora cada vez ingresan más tipos de alucinógenos y en mayor cantidad, tales como la marihuana, el cristal, los chochos, la heroína y otros.
Para que Carrizales Terriquez pudiera conseguir la concesión de este negocio, tuvo que pagar una cantidad muy elevada y para mantenerla entregaba 80 mil pesos semanales.
Sin embargo, junto con los reos Gustavo Rocha y Joel Guerrero Torres, fue trasladado al Cereso de Tepexi de Rodríguez el pasado 4 de agosto, luego que durante la mañana de ese día los tres fueran amenazados de muerte, presuntamente por el grupo delictivo Los Caballeros Templarios, a través de una manta colgada en un puente de la zona de La Margarita.
Según las versiones que surgieron dentro del reclusorio de San Miguel, los mismos mandos del penal habrían mandado a colocar la manta como excusa para poder quitarles a los tres internos la concesión de la droga y de esta manera venderla a otro interno.
Entre alcohol y celulares
Los prisioneros Fernando Urbano Castillo Pacheco, "El abogado", Rolando Martínez González "El M-23" y Miguel Ángel Sánchez, alias "El Paletero", ex policía judicial que tiene un negocio de paletas de hielo, son quienes administran la distribución del alcohol y por lo cual pagan 40 mil pesos a la semana.
Además, son los que cobran las cuotas a los internos que tienen celulares. Según los vigilantes del penal, son 800 reos que poseen por lo menos un teléfono móvil, por lo que éstos deben pagar un permiso de 5 mil pesos mensuales.
Como si esto no fuera suficiente, "El Paletero" y otro interno de nombre Arturo Blanco, apodado "El Cachibombo", también son los encargados de contratar sexoservidoras que ingresan al Cereso, en muchas ocasiones, sin identificación oficial.
Operativos, sólo "para taparle el ojo al macho"
Los denunciantes explicaron que en los filtros del Cereso, los custodios asignados a la revisión de los paquetes, mercancía, comida, vehículos y otros objetos, tienen órdenes precisas de dejar pasar los artículos o cajas que ya están marcadas y que contienen la droga, el alcohol y otros objetos prohibidos.
Mientras tanto, en los operativos de revisión que son encabezados por la Policía Estatal, uno de los custodios conocido como "El Cházari", es el que alerta a los prisioneros para que escondan la droga o los artículos no permitidos, así que cuando se realiza la inspección, solamente se aseguran cantidades menores de droga, dinero y objetos prohibidos.
Ingobernabilidad y descontrol en el penal
Los custodios, que son testigos de todo lo que sucede en el interior del reclusorio, revelaron que los internos no sólo poseen "puntas" o armas blancas para defenderse, sino también tienen en su poder armas de fuego.
Aunado a ello, indicaron que los procesados cada vez están más descontrolados, pues con la venta permitida de alcohol y estupefacientes, ingieren estas sustancias durante el día y alrededor de las 19 y 20 horas, cuando es la hora de su ingreso a las celdas, los oficiales batallan para hacerlos entrar por que los reos ya están completamente borrachos y drogados.
Relataron que, además, con frecuencia los mandos del Cereso no están atendiendo sus deberes, ya que organizan convivencias o fiestas en sus mismas oficinas, a las cuales mandan a traer a las internas —algunas se prostituyen dentro del penal— y donde también se ingiere alcohol.
Mencionaron que estas fiestas se hacían casi a diario cuando recientemente los mandos asumieron sus puestos.
Temen motín o fuga
Ante todas estas anomalías y el desorden que existe en la cárcel, los custodios expresaron su temor de que la situación pueda salirse de control y se registre un motín o una fuga masiva de reos.
En ese sentido temen por su seguridad y su vida, ya que nada más son 87 oficiales los que trabajan en el Cereso y, de ese universo, sólo 25 están asignados a la vigilancia de la población, que es de aproximadamente 4 mil reclusos, de tal manera que, en caso de una riña, se encontrarían indefensos.
Asimismo, se inconformaron porque, si alguno de los custodios decomisa droga u otro objeto no permitido, los internos se quejan con los mandos y éstos a su vez castigan al policía que actuó en cumplimiento de su deber, ya sea que lo den de baja o lo envíen a un centro penitenciario a varias horas de la capital poblana.
Ésta última sanción —comentaron— les ocasiona problemas familiares y, sobre todo, de tipo económico, pues la Secretaría de Seguridad Pública no cubre sus viáticos, que son comida y pasaje, como es el caso de unos 20 agentes.
Los elementos pidieron que se dieran a conocer públicamente todas estas anomalías, a fin de que las autoridades estatales también estén alertas, porque —dijeron— la situación en San Miguel ya es una bomba de tiempo.