Alistan denuncia contra la SDRSOT por desacatar reapertura de verificentro

La ex titular del centro de verificación vehicular que operaba en Teziutlán, Guadalupe Gómez Huerta, presentará una denuncia penal en contra del director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Sdrsot), José Alfredo Julián Peral, por desacatar una resolución de un juez federal para reabrir ese establecimiento.

Así lo dio a conocer José Luis Góngora Calvario, quien funge como representante de los empresarios que recientemente perdieron concesiones de verificentros, por la clausura de los mismos y la extinción del programa de verificación vehicular que efectuó el gobierno del estado.

En entrevista previa a participar en la reunión que sostuvieron diversos grupos inconformes este martes con el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, indicó que recientemente un juzgado federal falló a favor del amparo que la ex titular del verificentro de Teziutlán presentó para impedir que el establecimiento fuera clausurado.

Ante la resolución judicial, la Sdrsot debió permitir que el centro fuera reabierto, sin embargo incumplió la orden bajo el argumento de que el programa de verificación vehicular se extinguió en mayo y que el funcionamiento del establecimiento en cuestión no tiene razón de ser.

Góngora indicó que fueron 65 los amparos que presentaron empresarios afectados por el cierre de verificentros, de los cuales 35 impugnan la extinción del programa de verificación vehicular, mientras que el resto tiene que ver con el cierre de los establecimientos y la licitación que el gobierno del estado emitió para contratar a nuevas empresas.

Los afectados prevén que a partir del próximo 25 de agosto inicie el desahogo de las audiencias de los recursos que interpusieron, a fin de que estos se resuelvan.

Comentó que durante la mesa de trabajo en la que participó con Maldonado Venegas solicitó una nueva audiencia para revisar el tema de manera particular, pues exigen la restitución del programa y la anulación de la licitación que la administración estatal lanzó para contratar a nuevas empresas que se harán cargo de la operación de verificentros.