Congreso federal exhorta a Puebla a esclarecer asesinato de Esteban Cruz

México. D.F. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamentó el asesinato del dirigente del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), Antonio Esteban Cruz, ocurrido el día 4 de junio de 2014, en el municipio de Cuetzalan, Puebla, e hizo un llamado al gobierno de Rafael Moreno Valle, para que acelere el esclarecimiento de ese homicidio y se aplique la justicia.

El exhorto de los senadores y diputados federales se dio a raíz del punto de acuerdo que en su oportunidad presentó un grupo de legisladores del PRD, encabezados por la diputada poblana, Roxana Luna Porquillo. La diputada perredista alertó que “el estado de Puebla atraviesa por una de las peores crisis en cuanto a derechos fundamentales se refiere” y denunció que ante el descontento social, el gobierno estatal responde con represión.

En ese sentido, Luna Porquillo recalcó que los luchadores sociales del estado de Puebla viven un ambiente de terror ante la reacción de las autoridades estatales, por lo que recalcó la necesidad de que se esclarezca el homicidio de Esteban Cruz.

La legisladora poblana solicitó a la Comisión Permanente que haga un llamado a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso del asesinato de Antonio Esteban Cruz.

Los senadores y diputados negaron esta petición, debido a que la facultad de atracción es un acto que la Procuraduría General de la República debe ejercer de forma independiente y autónoma, ponderando los elementos con que cuenta respecto a su ejercicio o no.

Los legisladores también aclararon que para ellos no necesariamente está vinculado el asesinato de este líder campesino, con una respuesta del gobierno estatal ante las manifestaciones de descontento social, pero sí juzgaron necesario hacer un llamado al gobierno del estado de Puebla para que privilegie el diálogo como parte fundamental en la resolución de cualquier conflicto.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprovechó para hacer un exhorto a todos los gobiernos estatales del país para que, institucionalmente, privilegien la vía del diálogo con los distintos grupos sociales afectados por los proyectos de desarrollo que sean implementados en sus demarcaciones, respeten los derechos de libertad de expresión de estos grupos y privilegien su inclusión en los mismos.