Para la Contralora no existen las irregularidades señaladas por la ASF

Para la Contraloría del estado, está solventado el 90 por ciento de los 1 mil 479 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó en el manejo de recursos federales que la administración estatal hizo durante el 2012.

La encargada de despacho de la Secretaría de la Contraloría (SC), María Catalina Daza Hernández, argumentó que la documentación comprobatoria del monto mencionado fue entregada durante el pasado periodo vacacional, razón por la que, probablemente, la ASF no tuvo tiempo de contemplarla, no obstante aseguró que los documentos en cuestión despejan las anomalías detectadas.

Después de que el jueves pasado la ASF hizo público el resultado de la revisión a la cuenta pública 2012, la funcionaria abrió un espacio a e-consulta para defender el uso de recursos públicos federales que el gobierno poblano hizo durante ese año, pues aseguró que no existe ilegalidad en tal acción.

No hay realidades distintas entre el estado y la ASF

Entrevistada en una de las salas de la Contraloría, Daza fue interrogada sobre si existían dos realidades distintas: la de la ASF que determinó anomalías en 1 mil 479 millones de pesos, y la de la dependencia a su cargo que afirma que el monto está solventado en un 90 por ciento.

En tono sereno, la funcionaria explicó que después de que la Auditoría terminó sus revisiones sobre el ejercicio del gasto de 2012, emitió “cédulas finales” en las que requirió a la administración estatal información que aclarará las observaciones hechas, misma que fue entregada entre los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014.

En la opinión de la encargada de despacho de la SC, el tiempo en el que se entregó la documentación abarcó el periodo vacacional decembrino, razón por la que es probable que el ente fiscalizador no tuviera tiempo para revisarla y tomarla en cuenta.

Aunado a lo anterior, refirió que existen criterios de revisión del ejercicio de los recursos públicos, que aún no han sido empatados entre la federación y el estado, razón que también contribuyó a que la ASF determinara diversas irregularidades.

“Desafortunadamente no hemos logrado empalmar los criterios con la ASF, estamos acordando con la Función Pública tener una reunión de contralores con el auditor superior de la Federación a efecto de que se puedan empalmar este tipo de criterios y que en los informes no salga este párrafo tan gravoso como es el daño patrimonial, porque todavía nosotros tenemos un periodo para aclarar”, abundó.

Hasta el momento, la Auditoría no ha notificado de manera formal las observaciones publicadas el pasado jueves, sin embargo una vez que estas se notifiquen de manera oficial al estado, este contará con un plazo de 30 días para solventarlas.

El estado ha practicado 150 auditorías sin resultados negativos, asegura

Daza, quien desde hace un mes está al frente de la SC luego de la renuncia de Eukid Castañón Herrera, reveló que la dependencia hizo un total de 150 auditorías a las diferentes instancias que conforman la administración estatal, auditando un total de 20 mil millones de pesos, de los cuales observó alrededor de 2 mil millones que fueron solventados en un 90 por ciento.

Es decir, las auditorías estatales no arrojan los resultados de la revisión federal, la cual realizó 16 auditorías en diferentes rubros federales, según comentó la funcionaria.

“Nosotros tenemos una revisión un poco más completa, yo tengo conocimiento de la muestra y que muy posiblemente no se tomó en cuenta”, reiteró.

De esta manera, los rubros auditados por la ASF, según lo comentó la SC, se centran en los recursos del Seguro Popular, la obra del Metrobús, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), el Fondo de Inversión para Entidades Federativas (FIEF), los referentes al sector educativo y el Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.

Reconoce la SC 10 promociones de responsabilidad administrativa

La SC reconoció las 10 promociones de responsabilidad administrativa que la ASF determinó en la revisión mencionada, en contra de igual número de funcionarios públicos estatales, por anomalías cometidas en el gasto público.

Del total de procedimientos, cuatro corresponden a los trabajos de la ruta 1 del Metrobús, tres están relacionadas con la implementación de la Reforma al sistema de justicia penal en la entidad, dos se encuadran en el acuerdo de coordinación entre el estado y la federación y una más corresponde al Fondo Regional en estado de Puebla.

La titular de la dependencia explicó que una vez que las promociones sean notificadas de manera oficial, iniciarán con la ejecución de las mismas, pues el hacerlo de manera anticipada podría incurrir en una anomalía.

La observación del FISM es para la federación: SC

Al explicar los rubros que la ASF ubicó como anomalías, Daza apuntó sobre el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del cual el ente fiscalizador dijo que el estado había operado de manera irregular un monto por 42 millones 131 mil pesos, que la observación fue hecha a la misma federación a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Según la observación hecha por la Auditoría, el estado convino con los municipios que entregaran el 2% de los recursos que recibían del FISM para destinarlos a otras tareas, recursos que sumaron un monto de 41.7 millones de pesos, convenio que transgrede y afecta el principio de libre administración pública hacendaria municipal, por lo que dictaminó en sentido negativo la revisión.

Asimismo, el dictamen establece un pliego de observaciones por un posible daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 42 millones 131 mil pesos.

La funcionaria defendió que los recursos fueron guiados por la Dirección de Desarrollo Municipal, sin embargo arguyó que la observación fue para la Sedesol, pues el estado presentó el convenio que avala la recaudación de los 41.7 millones de pesos.

Por lo anterior, indicó que no habrá un reintegro de los recursos, pues para la SC el dictamen no es negativo sino solo pide una aclaración, por lo que esclarecerán el tema en el plazo de 30 días que recibirán para tal fin.

No fuimos requeridos a las revisiones físicas del Metrobús

Sobre las observaciones hechas por la ASF al proyecto del Metrobús, las cuales indican pagos excesivos por 234 millones de pesos así como de actividades no consideradas, duplicidad en las liquidaciones de los servicios de supervisión, cancelaciones de obra, incumplimiento de las metas programadas, trabajos no ejecutados en alumbrado público y de mala calidad en paraderos, así como falta de pruebas de control en concreto hidráulico, la funcionaria indicó que en las pruebas hechas por la dependencia no fueron identificados tales aspectos.

Hasta ahora la SC ha efectuado revisiones físicas pero no auditorías a la mencionada obra, sin embargo estas no han detectado deficiencias en los paraderos ni mala calidad en la carpeta asfáltica.

Pese a que no han hecho auditorías administrativas, pues estas se efectuarán hasta este año, Daza aseguró que no hay duplicidad de pagos y que las modificaciones de contratos para ampliar los pagos o los tiempos de entrega están permitidos por la ley.

Añadió que no fueron requeridos por la ASF para hacer visitas físicas a las instalaciones del Metrobús, sin embargo ofreció aclarar las observaciones pues posiblemente la información que ofrecieron sobre el tema tampoco fue tomada en cuenta.

No se entregaron motocultores con sobreprecio

La SC rechazó además que los 1 mil 690 motocultores que el gobierno del estado adquirió en el 2012 a dos proveedores de un mismo grupo empresarial, se hayan comprado con sobrecosto, tal y como lo refirió la ASF en su informe.

La encargada de despacho reconoció que el gobierno del estado ha adquirido los artefactos agrícolas con un mismo proveedor durante los años de 2011, 2012 y 2013, sin embargo aseguró que los contratos han sido productos de concursos de licitación que no permiten hacer contrataciones a modo.